Argentina empezó a incursionar a principios de siglo en la materia. Lo hizo de la mejor manera: una Ley promocionó con beneficios fiscales las inversiones para incentivar a que emprendedores privados inviertan. Rápidamente el país se transformó en líder….  Hasta que el lobby y la clase política vieron oportunidad de perjudicar.

Hay modificaciones en la ley que trata el Congreso que, según las empresas medianas desmejoran la versión que se había logrado la semana pasada

Entre los cambios figura que, antes del régimen de libre competencia, se fijó un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en el país, utilizando materias primas nacionales. También se establecieron porcentajes obligatorios en volumen para biodiésel con aumentos progresivos hasta el 2026 y el bioetanol, marcando requisitos para la participación de empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos.

En ese punto, se incluyó que a partir del 15 % y no antes de tres años de la entrada en vigencia, se propondrá al Congreso aumentos progresivos de porcentaje de mezcla o corte obligatorio hasta alcanzar un porcentaje entre el 18 y el 27 %.

Además, se preveía un régimen único de licitaciones transparentes, de acceso público para la determinación de volúmenes y precios en el abastecimiento de biocombustibles. Desde el Ejecutivo indican que se establecieron cláusulas que tienden a asegurar múltiples proveedores y equilibrar la participación de empresas grandes y pymes.

Por otra parte, avalan un volumen de bioetanol de caña hasta 2030 en base a lo entregado en los últimos años; con la posibilidad de alcanzar mayor volumen si por precio les corresponde en la licitación. A su vez, se puso un tope de import parity en el valor de la adjudicación de las licitaciones de biocombustibles, que están exceptuados del impuesto a los combustibles líquidos y al carbono.

La norma promueve un aumento del corte de biodiésel del actual 7,5% al 12,5 % y en bioetanol sostiene el actual 12 % y se asume que en dos años Energía lo imponga a 15 %. El consultor Claudio Molina advierte que el corte de 7,5 % “No se cumple; alcanza al 5 % y, lamentablemente, Energía no aplica multas a los refinadores de petróleo, principalmente a YPF, que en los últimos tres años cortó al 3,3 %”.

Para Federico Martelli: “Se retrocedió porque establece que ningún jugador podrá tener una cuota superior al 14 % del mercado; hay seis empresas integradas grandes, número que terminará dominando todo”, dijo, en referencia a las empresas del complejo oleaginoso.

Señaló que, cuando se habla de cláusulas o mecanismos para proteger a las Pymes “pareciera que quedara liberado a la reglamentación y no queremos que sea así”. En el país hay 27 empresas de esta categoría que producen biodiésel.

Tenemos seis años de promoción por delante y estas modificaciones dejan abiertas las puertas a juicios contra el Estado. Violan los derechos adquiridos y lo hace un sector que propone seguridad jurídica. Esto es exactamente a la inversa”, dijo Martelli.

La Secretaría de Energía deberá enviar un proyecto de ley al Congreso para aumentar las mezclas de biocombustibles, dejando en ese caso abierta la posibilidad de que por ley se implemente flex fuel. Para Molina eso “cambia radicalmente” la versión anterior, porque el pase a flex fuel y a contenidos de biodiésel mayores al 15 % era directo.

Respecto al tope de los precios de biodiesel y bioetanol por las paridades de importación, Molina advierte que no se aclara si son las de la nafta y gasoil, o de los propios biocombustibles, respectivamente.

Se permite el ingreso al abastecimiento de biodiésel a las grandes integradas y también a las petroleras, cuando los cortes superen al 15 % y, en bioetanol, el 18 %. Se limita la participación de las petroleras y plantas elaboradoras de biocombustibles, en distintos términos porcentuales del mercado, según el caso.

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