El camino de las leyes que pesan sobre el campo

El Ejecutivo tomó modificaciones en el proyecto que tuvo el dictamen de mayoría para ley ómnibus. A pesar de este avance se espera que en el recinto el conteo se haga voto a voto por cada artículo. Sin la garantía de contar con la mayoría necesaria los puntos más resistidos son el incremento de las retenciones –que dentro de un año volverá a discutirse- y la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria. Tal vez el martes 30 se convoque a sesión.

Las retenciones a la soja y sus derivados, harina y aceite, pasarán de 31 a 33 %, el maíz y el trigo pasan del 12 al 15 % por un periodo de entre los 6 meses y un año.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, avisó que condiciona la transferencia de las partidas provinciales al acompañamiento de la ley ómnibus basado en la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales para bajar la inflación.

El Gobierno ratificó el listado de 35 rubros de las economías regionales que quedarán exentas de pagar el 15 %. Los legisladores dieron visto bueno, pero se mostraron desconcertados por el peso que toca a las economías que tienen un alto valor agregado.

Otros productos como la colza, mostaza, alcauciles o cueros que no son de bovinos, no están considerados en las 35 confirmadas del listado del Gobierno.

Las producciones regionales se mantienen dentro del borrador oficial como la alfalfa, pero hay observaciones entre el precio de la harina de trigo que le da valor agregado al trigo, y el trigo en sí, que directamente lo ponen en un 15 % a ambos, o la distorsión del algodón; el algodón que pasa el 0 %, pero todo lo que es hilado que tiene un valor agregado sobre ese algodón, termina teniendo un 15 %. No queda claro el concepto de “economía regional”.

El caso de las carnes porcina o avícola, no tienen el mismo margen y compiten de manera distinta con la vacuna, tendrían un gravamen del 15 % de derechos de exportación. Las autopartistas y las empresas de maquinaria agrícola con mercados externos se ven afectados por el 15 %.

Sin embargo, el Ejecutivo tiene la facultad por un año y con la ley de Presupuesto del año siguiente debe volver a discutir el gravamen.