Las huellas dactilares de Olzen con su invención acusatoria contra Vicentín, y el ADN judicial
Olzen S.A., la fábrica de calzados que no fabrica, fue utilizada para perseguir a ex directivos de la cerealera Vicentín y complicar el desenvolvimiento de su concurso. El desempleado insolvente, designado como titular de la firma fantasma, Joel Da Costa niega cualquier relación con la firma. No conoce a su socio Héctor Francisco Yuvone, un jubilado de 88 años que figura en otras ocho sociedades con el mismo cargo de vicepresidente. Los apoderados actuantes contra la cerealera tienen desprolijos antecedentes judiciales. La impronta de la fiscalía penal rosarina tiene su ADN.
(*) Por Bernardo Basombrío
El 10 de febrero de 2020, debido a dificultades económicas, la cerealera Vicentín entró en concurso de acreedores con una deuda total de u$s 1.350 M.- Así las cosas, la noticia resonante se produjo cuando el ex presidente Alberto Fernández decidió intervenir la empresa y pretendió expropiarla. La reacción social en contrario fue tan fuerte que debió desandar el camino, lo que significó el primer traspié político de su gestión.
Olzen es la fábrica de zapatos inexistente con un presidente que dice no ser, pero es desocupado, insolvente y tiene deudas incobrables. Se llama Joel Isaías Da Costa, es brasileño y técnico en informática. Compró una cesión de crédito de $ 5,9 M por la irrisoria suma de $ 10.000.- a Garagro S.A, propiedad de la familia Garnero. De esta manera, con la fabril ingresó al Concurso, afectó su desenvolvimiento y persiguió a los ex directivos de la cerealera Vicentín, engañando a la Justicia, en rigor.
Las tres huellas
- Héctor Francisco Yuvone, es un rosarino jubilado de 88 años, vicepresidente de Olzen, la firma que libró cheques sin fondos por $ 41.500.000.- hacia el año 2020-, y no se sabe a quién benefició o perjudicó con esa maniobra.
Casanova, apoderado de Olzen, conecta en mayo de 2020 con los Garnero quienes les ceden los derechos contra Vicentín, e inmediatamente solicitan la nulidad de la apertura del concurso a través del abogado Sebastián Farina. Una contradicción con el propósito de cobrar la deuda.
Adicionalmente, Patricio Longo, abogado junior del estudio rosarino de Guillermo Casanova, Jorge Mattos y Leandro Salvatierra pidió el beneficio de litigar sin gastos contra Vicentín y Algodonera Avellaneda.
Los socios de Olzen, Joel Da Costa y Héctor Yuvone no se conocen; y éste último ostenta el cargo de vicepresidente en otras ocho sociedades. Todas, con diferentes presidentes y muchas comparten domicilio social con la fábrica que no fabrica.
La zapatera volvió a embestir cuando tomaba estado público que la cerealera Vicentín lograba una amplia mayoría con sus acreedores para el pago de su deuda. Aprovechando aquél beneficio de litigar sin gastos, denunció a la compañía por desobediencia alegando que la venta de acciones estaba consumada –algo falso-, en referencia a la propuesta de pago concursal.
Esta vez, el abogado Gustavo Feldman fue comisionado a ese acto, ya que el estudio Casanova le habría extendido el poder. Aquélla circunstancia denunciada tuvo alta repercusión en los medios, y de alguna manera opacó el logro que había alcanzado la empresa cerealera.
Los fiscales en lo penal económico Miguel Moreno y Sebastián Narvaja tomaron la referida acusación y procedieron en complacencia con la frágil denuncia: no hicieron ninguna averiguación ni efectuaron algún recaudo de rigor respecto de Olzen, lo que cobró magnitud por el equívoco que sobrevino con esa medida.
En la madrugada del 6 de junio de 2022, se ordenó la detención del presidente de Vicentín, Omar Scarel, en Avellaneda, al norte de Santa Fe y fue trasladado a Rosario. Una humillación gratuita, dado que siempre estuvo sujeto a derecho y a disposición de la Justicia: una simple cédula de intimación alcanzaba a cubrir el requisito. Posteriormente, fue obligado a pagar una suma millonaria con una caución y, en fianza fue liberado 48 horas más tarde. Seguidamente, el proceso se archivó; menuda ironía que llama la atención suponiendo intencionalidad.
- Los Garnero, titulares de Garagro, son una familia de El trébol, Santa Fe. Carlos tiene tres hijos: Javier, Sebastián y Victoria; los últimos dos están fuera del negocio. El padre es un prestamista de la zona con mala fama, cuentan, por sus artilugios para recuperar el dinero prestado, afectando vorazmente a distraídos.
Entre ellos, Alejandro Meinardi, un productor de Piamonte que compró en 1997 a un tercero un campo de 171 Ha al oeste del pueblo, divididas en dos escrituras de 61 y 110 hectáreas. El valor total fue de u$s 310.000.-, por los que pagó el 70 % y, el saldo a dos años. Para completar la operación y escriturar, acudió a Garnero para pedirle el dinero faltante.
El usurero accedió porque Meinardi ofreció en garantía otro campo propio de 24 hectáreas, aunque sin titularizar y le entregó 11.000 quintales de soja. Con la venta de esa propiedad el piamontés pensaba saldar el préstamo. A cambio, en uso de confianza y la palabra, Garnero le hizo firmar papeles a Meinardi por el total del campo más grande alegando que así lo requería la AFIP.
Garnero, además, vendió y cobró el campo de 24 ha a Fabián Nicola, sin dar intervención del pago a Meinardi. Y, empezó un largo pleito judicial, complejo, hasta que el 19 de marzo de 2023 el productor fue desalojado de su establecimiento y perdiendo el otro en uso de los papeles firmados. Curiosos logros por raros. Carlos, se fue a vivir a Oliveros y, su hijo Javier quedó en El trébol.
En otra historia que los presenta, los Garnero son propietarios de un barrio cerrado que se llama El timbó, ubicado en Oliveros y que extiende una fracción a Timbúes.
Unos colombianos les alquilaron allí y por 30 años un terreno de 6 Ha sobre el que hicieron un hangar y pista de aterrizaje. Se especula que el estudio jurídico Casanova presentó a las partes.
Recientemente, las autoridades argentinas tomaron nota de los movimientos en la zona y detuvieron a la banda que operaba en el lugar, ya que traficaban droga desde Colombia. Extrañamente, los Garnero declararon no sospechar nada de lo que tenían en sus narices.
En otro hecho, las oficinas de los juristas fueron allanadas en septiembre del 2022 en un operativo a consecuencia de dos embargos que recayeron sobre la AFA, bajo la conducción de Claudio Tapia. Uno de los socios, Leandro Salvatierra, es accionista del diario La Capital, y junto a su dueño Gustavo Scaglione, son personajes que refieren distintos medios en el asedio a SanCor.
- El apoderado: Sebastián Farina, fue quien pidió la nulidad de la apertura del Concurso, y que el Juez Fabián Lorenzini rechazó “in limine”, desestimando los fundamentos. Farina, es un abogado rosarino que actualmente cumple el segundo año de una pena de prisión a tres años en suspenso, en un juicio que reconoció su culpabilidad por lo que debió abonar las Costas y el pago de u$s 30.000.- para evitar la cárcel.
La sentencia impuso, además, un año de inhabilitación a ejercer la profesión. Una jueza le levantó la medida antes de tiempo, pero igualmente Farina volvió a reincidir en noviembre de 2023 e hizo un arreglo privado para que la prisión no se le haga efectiva.
El ADN
El concurso viene afectado por la intromisión del fuero Penal al Civil, dada con la cautela de acciones de la Compañía de parte de la justicia penal, a manos del juez Hernán Postma, como un abierto desafío a la autoridad competente.
Guarda sugestivo interés el grado de relación existente de parte de quienes son hostiles a la aceitera. Moreno reconoce en Postma a un viejo colega, quien a su vez tuvo que afrontar un Jury con la defensa del litigante Feldman, salvándolo de una destitución que sumó una oscura alianza política en la votación del fallo. Postma, posteriormente, sirvió en favor de Feldman con la cautelar dictada sobre Vicentín.
Las coberturas se extienden: Feldman fue eximido misteriosamente de investigaciones en sus agravios al juez Lorenzini de parte del Tribunal de Ética del colegio de abogados rosarino.
La saga de hechos tendenciosos mereció que el Fiscal Miguel Moreno y los abogados litigantes Gustavo Feldman y Viviana Cosentino tuvieran un duro llamado de atención de parte del Juez Héctor Nuñez Cartelle -a la vez titular del Colegio de Jueces- debido a los excesos en que incurren con sus prácticas al demorar la solución concursal. Por eso, les impuso en pena el pago de las costas.
Miguel Moreno es especialista en Homicidios y fue llamado a ocupar la fiscalía Penal – -Económico justo antes del Concurso Vicentín. No tiene peritos, contadores ni especialistas en la materia que lo ocupa: hace pedidos de pericia a la Corte o se maneja con voluntarismo. Su actuación en el caso tiene la casual lectura que ofrece el estudio Casanova, entre escritos y demandas a tono contra Vicentín.
Mientras, en la Corte de Santa Fe todavía hiede mal la jugada del pedido de Avocamiento –que la Ley santafesina no contempla- por Commodities S.A., sin los créditos concursales y que, el entonces presidente Rafael Gutiérrez tomó tan frescamente paralizando el Concurso. Rastro suficiente para pedir juicio político.
Dos veces, ya. La intervención sin créditos de parte de Grassi y la fachada con Olzen configuran estafa procesal, un delito grave penado por la Ley. Simular algo que no es para que el juez falle en un sentido, creyéndolo.
La tolerancia a las manipulaciones del ecosistema judicial está expuesta por su animosidad contra la cerealera. Ni qué decir de la doble vara con que es juzgada, tema de la próxima nota.
(*) Periodista, escritor y autor del libro ¡Exprópiese! El caso Vicentín