La Offshore de Grassi detrás del cramdown de Vicentín
Una investigación nueva, con base en fuentes internacionales (*), llegó a los tribunales penales, en el marco de la querella que entabla Vicentín contra Commodities SA, de Grassi.
Por Bernardo Basombrío
Avellaneda, Santa Fe. En un entramado que parece sacado de una novela donde intervienen la ambición financiera y el objetivo de destruir a la familia Vicentín, por centro, el caso está lejos de cerrarse con nuevos testimonios judiciales.
Emerge un nuevo capítulo cargado de sospechas con actores internacionales y vínculos que tocan los más altos niveles del poder judicial santafesino. En el centro de la escena se sitúa la sociedad offshore Avir South Sarl, registrada en Luxemburgo. Su titular, el suizo Jeromé Heelein ya se ganó un lugar en los tribunales argentinos.
La trama se intensificó con la compra, por parte de Avir South, de una porción significativa de las acreencias que bancos internacionales tenían sobre Vicentín. El 12 de noviembre de 2024 se formalizó la cesión de u$s 447.- M en créditos, sobre un total de u$s 535.- M verificados en el concurso preventivo. Las entidades involucradas incluyen tenencias de las entidades IFC, Credit Agricole, ING, MUFG, Sumitomo, Rabobank y Natixis NY Branch, mientras que FMO realizó su traspaso más tarde, el 16 de diciembre de 2024. Algunas operaciones incluyen retenciones parciales o triangulaciones.
Maniobras sincronizadas ponen al poder judicial santafesino en la mira. El 18 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Santa Fe falló contra Vicentín y a favor de Commodities SA, de Grassi, representada por el estudio donde es socio Alexis Weitemeier, yerno del juez Daniel Erbetta, es uno de los firmantes del fallo. Esto abre interrogantes sobre posible tráfico de influencias e información privilegiada.
Avir South es presidida desde el 8/7/2024 por Heelein y, según el balance de 2023, no cuenta con actividad financiera suficiente para justificar semejante adquisición de deuda. Detrás de ella figura Soripel SA, una empresa uruguaya creada inmediatamente y tras la apertura del proceso de cramdown -de septiembre de 2022- en el concurso de Vicentín . La preside Esteban Antonio Nofal, también titular de la ALyC CIMA.
En el quién es quién de la operación, Soripel SA aparece conformada por tres accionistas principales:
- Scarlet Sunset Ltd. Es propiedad de la familia Grassi, con Mariano como presidente y completan Hugo, Hugo (h) y Sabina. Está radicada en las Bahamas y tiene el 40% de las acciones.
- Comfi SA, de Rosario, Santa Fe participa con el 15%, vinculada al Estudio Casanova, Matos, Salvatierra & Asociados (CMS). Tiene a Diego Feser como presidente y Leandro Salvatierra como apoderado.
- Invergrain Corporation Con asiento en las Islas Vírgenes tiene el 45%, y está representada por Hernán García Simón, con la firma de Agustina Zambrano.
Estas tres firmas financiaron la transacción de títulos por u$s 60,5 M, distribuidos entre Invergrain con u$s 33.- M; Scarlet Sunset aportó u$s 20.- M y Comfi SA completó con u$s 7,5.- M. Los gastos operativos elevaron el total a u$s 72.- M. Compraron a u$s 0,11 lo que Vicentín –en caso de homologar- pagaba u$s 0,30.- Los bancos vendedores, para no perder todo, suscribieron el acuerdo. Esto sugiere fuertemente que tenían la información con una anticipación de tres meses del fallo de la Corte de Santa Fe.
La estructuración legal y financiera fue encomendada a Deep Cap SA de Luxemburgo, a través de Walter Fonseca, exvinculado al polémico estudio Mossack-Fonseca, involucrado en los Panamá Papers.
En la audiencia del 7 de marzo pasado ante el Juez Lorenzini, la representante del Banco Nación requirió saber sobre la conformación del comité de acreedores en el concurso, a lo que Mariano Grassi afirmó que no tenía nada que ver con la operación, que era cosa de Nofal.
El objetivo es controlar Vicentín y, el plan capitalizar los créditos adquiridos mediante Avir South. Al entrar como accionistas podrán rechazar cualquier propuesta de la conducción de Vicentín. En caso de homologarse el actual cramdown, los nuevos actores buscarán el control total para eventualmente vender los activos de la agroexportadora. Avir South entregaría, entonces, a Soripel lo recaudado para saldar los aportes de los inversores.
Viejos conocidos, nuevos negocios. El Estudio CMS no es nuevo en operaciones de este tipo. También estuvo involucrado en el fallido rescate de Sancor -con Jorge Estévez como punta de lanza-, utilizando un esquema similar. Su influencia mediática en Rosario, a través de Canal 3 y el Diario La Capital —ambos del grupo Scaglione, donde Salvatierra tendría participación accionaria— refuerza su capacidad para moldear la opinión pública.
Curiosamente, vuelve a escena y contra Vicentín el negociador de los bancos internacionales, Alejandro Nevares. En el 2023 clamó ante quien escribe que las mayorías logradas por la empresa, durante el Concurso, deberían habilitar la homologación y el pago para cerrar el pleito “de una buena vez”. Tal vez, se le haya abierto otra posibilidad de prestar dinero de parte de sus representados.
Justicia en crisis, con la sombra de los vínculos personales. La conexión entre el juez Erbetta y su yerno Weitemeier levanta fuertes sospechas sobre la imparcialidad del proceso judicial. Weitemeier, además, manejó el fideicomiso de Sancor y su estudio es parte activa en la impugnación del acuerdo entre Vicentín y sus acreedores.
El caso evidencia una preocupante combinación de conflictos de intereses, offshores opacas, presuntas maniobras especulativas y una justicia cuestionada por su pasividad ante lo que podría ser una operación diseñada para el vaciamiento o toma de control de lo que fuera la principal empresa agroexportadora nacional.
Vicentín cumplió los deberes concursales y soportó estoicamente múltiples acciones de ataque, de apariencia individual, pero bajo clara estrategia apropiadora de parte de un lobby judicial, político, empresario y sindical.
(*) North Data
