Se rompió el frente hostil al concurso de Vicentín, con clima judicial irregular

La hostilidad y los artilugios de la corredora Grassi, asistida en ámbitos tribunalicios, para forzar el fracaso que la mayoría de acreedores acordó en la propuesta de pago de Vicentín, se evidencia por excesos e intereses mezquinos que perjudican al resto.

Por Bernardo Basombrío

En la secuencia que se advierte de los tres años y medio del Concurso de Vicentín se observa un inicio con acreedores furibundos que, con el correr del tiempo fueron advirtiendo que el carretel de sucesos no era tan líneal para apropiarse de la empresa: que más tarde o temprano hay justicia. Aunque estén haciendo lobby jueces, fiscales, abogados, empresarios, legisladores o el propio Presidente por detrás. El ciclo fue menguando y el atractivo en flor de esa idea perdió sus pétalos.

Con sello hostil la serie de irregulares ingenios lo tiene a Grassi en soledad con sus abogados, algún juez y fiscal haciendo los últimos intentos para que el Concurso preventivo que ocupa a Vicentín fracase, sin más. Porque ni siquiera ofreció a la Justicia una alternativa superadora a la de la aceitera, chocando con la razón y el sentido común.

El pedido de Avocamiento fue uno de los más mediáticos, paralizando el proceso por nueve meses. Hasta hace un tiempo acompañaban los bancos internacionales, quienes se cruzaron a la vereda de enfrente. Cuatro organismos oficiales insistieron con denuncias que no se ajustaron a la verdad y, cayeron por su peso.

La última novedad viene de la mano de una firma rosarina, Villarrica y que es la séptima acreedora granaria en el concurso de la aceitera del norte santafesino. Integró un pool creado para unificar estrategias judiciales, como miembro del fideicomiso de acreedores ante la justicia de Reconquista. Ahora la semilla de Grassi no dio fruto por obtusa, contraria al principio elemental de cobrar. Villarica, dio por terminada su integración en ese conjunto de demandantes y solicitó al juez Lorenzini su participación en el acuerdo de acreedores.

Villarrica ofreció testimonio, a través de su abogada, Natalia Erazun, la «falta de resultados» en el accionar del fideicomiso que, de hecho, dirige Grassi y que se opone al acuerdo mayoritario de acreedores para cobrar. Algo elemental, básico y expeditivo.

En otro hecho, de la misma audiencia del 16 de agosto, una mano sucia se evidenció en los pasillos judiciales rosarinos, lo que explica la ausencia de del abogado Gustavo Feldman, quien dejó sola a su socia para poner la cara.

Sucede que el juez Román Lanzón ordenó poner en conocimiento de la Corte Suprema de Santa Fe debido a las presentaciones firmadas por los Dres. Guillermo Casanova y Franco Dimonaco, e ingresadas a la Oficina de Gestión Judicial a las 08:53 y 10:32 horas del día 31 de julio. La misma mañana, oh casualidad, que el juez Penal Hernán Postma dictó su providencia en favor de Grassi y, «a los fines que entienda necesarios».

El magistrado emitió su decisión sin haber corrido traslado a la empresa Vicentín -que no es parte de la acción penal, como lo son sus ex directores- ni al fiscal, ni a otros demandantes o acreedores del concurso; jugada unilateral de Grassi que sólo puede explicarse si se la entiende bajo cierta sintonía cuyo sentido debería determinarse.

Justamente, porque el magistrado y en virtud del funcionamiento colegiado de jueces no tenía ninguna autoridad para arrogarse disposición alguna en acciones de cualquier especie contra la empresa concursada, en un previo sorteo de magistrados. Además, pretender que el fuero penal ordene actuaciones a otro, el civil y comercial. Sobre el caso, ya lo había advertido el Procurador de la Corte, el Dr. Jorge Barraguirre, al dictar recomendaciones sobre el pedido de Avocación.

Si no hace ruido que haya sido Postma el que hizo la etapa preparatoria penal en la causa contra Vicentín, lectura sugestiva, por la asistencia interesada del abogado Feldman en este proceso. Es que, es el mismo que evitó la destitución del penalista al defenderlo en el jury que oportunamente le tocó, hace poco tiempo atrás.

Las desprolijidades de Postma las corrigió Lanzón y, libró oficio para que Lorenzini –quien entiende en el Concurso- proceda a resolver la homologación. Resta la definición sobre la potestad de las Cautelares que el actuante Lanzón ratificó su vigencia. Un acto laxo que se lee de salvaguarda corporativa, pero que la Ley tiene claro: el juez de Reconquista debe, a continuación de homologar, disponer las medidas necesarias para que las cautelares se levanten y los acreedores empiecen a cobrar. Aquí, también, el otro pétalo de esta historia.