Vicentín: La Justicia ya trabaja sobre un testimonio clave
Llamativos hechos y recurrencia de actores han buscado entorpecer el Concurso de Vicentín, lo que la motivó a presentarse como querellante penal. Estudian el extraño caso del acreedor Olzen, una fábrica que no fabrical y tuvo un accionar virulento contra la aceitera del norte de Santa Fe.
Con la querella penal planteada por Vicentín, la Fiscalía Regional N°4 de Reconquista ya está trabajando en la investigación sobre la empresa Olzen, Commodities y a Mariano Grassi –su titular- por la supuesta participación en una multiplicidad de hechos que, configurarían delitos de estafa procesal y extorsión.
La notoriedad se debe a que el juez Santiago Banegas resolvió hacer lugar a la participación como querellante a Vicentín en el proceso, poniendo en conocimiento al Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La querella denuncia una estrategia detrás las maniobras coordinadas mediante diversos hechos que persiguen impedir el acuerdo entre Vicentín y sus acreedores, con el fin de tomar el control presuntamente irregular de la sociedad, mediante el montaje de sociedades en apariencia independientes, cuyos pedidos encontraron eco en funcionarios judiciales.
En el caso de Commodities SA trata por haber presentado una supuesta falsa denuncia contra Renova, acusándola de haber transferido a Vicentín una deuda pese a que Commodities verificó su crédito en el Concurso. Eso, se suma a haber cedido su crédito a sus accionistas y continuar agrediendo a Vicentín sin haber informado de esta cesión, para luego hacer creer al juez del concurso, Fabián Lorenzini, que la propuesta concursal conlleva evasión fiscal.
Asimismo, Commodities solicitó una medida cautelar de trámite irregular al Juez Postma para que ordene al juez Lorenzini que se abstenga de homologar el concurso de Vicentín, y por haber llegado a pedir el juicio político del juez del concurso para intentar apartarlo del expediente.
En el caso de la firma Olzen Industria y Comercio de Cazados SA, dice que “mediante un poder a favor de los abogados Farina, Casanova, Mattos, Salvatierra, -luego representada por los abogados Feldman y Cosentino- realizó diversas acciones judiciales aparentemente independientes, pero todas ellas tendientes a obstaculizar el acuerdo de Vicentín con sus acreedores”.
La demanda contra Mariano Grassi, que en el texto lo señala como “el autor intelectual del plan de adquisición de Vicentín presentado junto a CIMA -hoy CFS Advisors-, por ser la persona responsable detrás de estas sociedades, con el mismo patrocinio de los abogados Casanova, Mattos, Salvatierra, Feldman y Cosentino o por haber intentado llevar el concurso de Vicentín a Rosario, donde claramente tiene mayor influencia”.
El escrito explica que Vicentín SAIC y sus acreedores son víctimas de ese plan porque ven demorado el pago de las acreencias en los términos del acuerdo concursal. A la vez, los trabajadores de la agroexportadora se ven compelidos a enfrentar un procedimiento preventivo de crisis por causa de la pérdida de caja de la empresa, motivada por la demora de 2 años y medio en la homologar, a contar desde que se obtuvieron las mayorías en el acuerdo de pago.
En el marco de esta investigación, ahora, ha comparecido el periodista Bernardo Basombrío, quien es autor del libro ¡Exprópiese! El caso Vicentín quien, a su vez sigue muy de cerca el caso. Su investigación reveló la trama de Olzen, un acreedor al Concurso a partir de la compra de una cesión de crédito. Dicha firma dice ser una fábrica de zapatos, pero no fabrica y tiene por presidente a un brasilero que declaró ante un registro de video no tener nada que ver con la firma zapatera.
Ese acreedor, además de haber solicitado la nulidad de la apertura concursal, algo que fue rechazado in límine por el juez del Concurso, denunció a Vicentín por una supuesta venta de acciones que no hizo. Con esa falsedad, Olzen hizo detener por 48 horas al presidente de la cerealera, Omar Scarel. Los fiscales Moreno y Narvaja solicitaron la prisión, que fue denegada por el juez. Así las cosas, le dieron libertad bajo fianza tras el pago de una caución de u$s 500.000.- Lo increíble es que, tras el circo mediático, la Fiscalía archivó la causa.
Con el pedido de querella se presentaron las abogadas del Estudio Casanova, Matos y Salvatierra por la defensa, la doctoras Viviana Cosentino y María Guillermina Fruci. Esta última, sorprendentemente, tiene la particularidad de haber sido empleada en la Fiscalía de Miguel Moreno. Por el momento hay un marcado hermetismo en torno al trabajo y, no han trascendido novedades.
