Olzen S.A., la fábrica que no fabrica, que tiene un presidente desocupado y se usó para perjudicar a la cerealera Vicentín

Un concurso con escándalo. Se trata de una fábrica de zapatos inexistente; que emitió más de doscientos cheques sin fondos, que tiene suspendida la CUIT; y el domicilio fabril lo sitúa en un pequeño local de una galería comercial de Rosario y cuyo titular, el brasilero Joel Isaías Da Costa, es a la vez desempleado e insolvente, y que, además, niega vínculo con la empresa. Entre varias acciones irregulares provocadas por esta fábrica inactiva, que perjudicaron a Vicentín, está la de haber denunciado una venta de acciones que la cerealera no hizo y que produjo la detención de su presidente, Omar Scarel, en junio del 2022, en una llamativa decisión de fiscales rosarinos.

(*) Por Bernardo Basombrío

El 10 de febrero de 2020, debido a dificultades económicas, la cerealera Vicentín – radicada en Avellaneda, provincia de Santa Fe – entró en concurso de acreedores con una deuda total de u$s 1.350M (mil trescientos cincuenta millones de dólares). Así las cosas, la noticia resonante se produjo cuando el ex presidente Alberto Fernández decidió intervenir la empresa y pretendió expropiarla. La reacción social en contrario fue tan fuerte que debió desandar el camino, lo que significó el primer traspié político de su gestión.

Apenas iniciado el concurso entró en escena, en el juzgado Civil y Comercial, Olzen, industria y comercio de calzados S.A., acreditando haber comprado una acreencia contra Vicentín de $ 5.900.000.- por la que pagó la módica suma de $ 10.000.-.

La cesión la había realizado otra empresa, Garagro S.A., de la localidad de El Trébol, al sur de Santa Fe y el suceso llamó la atención porque esta firma agropecuaria era, entre mil seiscientos noventa y nueve, un acreedor más que a su vez cedía su crédito por una suma irrisoria a una fábrica de zapatos. Pero faltaban sorpresas aún.

Olzen S.A., la fábrica de zapatos inexistente, comparte domicilio con otras sociedades en una calle peatonal del microcentro de Rosario, y registra como presidente del directorio a un brasileño de nombreJoel Isaías Da Costa, un técnico en informática desempleado y que niega – en una entrevista que se viralizó en redes sociales – vinculación alguna con la fabril.

Sin embargo, según las constancias del concurso, el brasileño habría otorgado poder, ante la escribana Virginia Gatti de Capital Federal, en favor de los titulares e integrantes de un estudio de abogados rosarino, cuyos socios son Guillermo Casanova, Jorge Mattos, Leandro Salvatierra y Diego Feser, Viviana Cosentino y Patricio Longo, con la facultad general de designar a nuevos delegados.

Inmediatamente, Longo, abogado junior del estudio, se presentó en la Justicia a pedir, para la fábrica de zapatos, el “beneficio de litigar sin gastos”, algo así como un certificado de pobreza.

Mientras esto sucedía, la zapatera libraba cheques sin fondos por $ 41.577.255.- a agosto de 2020, y Da Costa se endeudaba con el HSBC a título personal, por lo que, hoy, figura como moroso incobrable.

Luego de verificado el crédito, el titular de Olzen S.A., otorgó poder en favor del abogado Sebastián Farina quien, increíblemente, en el juzgado del concurso, se presentó para pedir la nulidad de la apertura del mismo. El magistrado Fabián Lorenzini la rechazó “in limine”.

En la web de AFIP, no es posible acceder a la constancia de la CUIT de Olzen S.A. Cuando un contribuyente no tiene sus presentaciones al día, el ente recaudador bloquea el normal desenvolvimiento comercial.

En el sitio del organismo y sobre la cuestionada empresa, se lee: “La CUIT del contribuyente fue limitada en términos de la RG AFIP 3832/16. El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1293/98”.

En junio de 2022 tomaba estado público que Vicentín había logrado la mayoría de acuerdos para el pago de la deuda, en cápitas y capital financiero, requeridos por la Ley de Concursos y Quiebras y se disponía a solicitar la homologación, una instancia crucial para el proceso. La propuesta tenía el visto bueno del juez, por lo que la cerealera iba a desprenderse de las acciones para afrontar los compromisos.

Previamente, la justicia penal rosarina había dictado una cautelar sobre las acciones, entrometiéndose en la competencia del fuero Civil y Comercial que es quien tutela esos bienes, por lo que, hasta que esa cautelar no fuera dejada sin efecto, no se podía consumar el acuerdo. No obstante, Vicentín había hecho saber que la propuesta de pago requería se levante la medida cautelar.

Ante la inminencia del logro, Olzen S.A. volvió a intervenir y denunció a la cerealera por desobediencia alegando que la venta de acciones estaba consumada, en referencia a la propuesta concursal. El abogado Gustavo Feldman fue comisionado a ese acto, ya que el estudio Casanova le habría extendido el poder. Esta circunstancia tuvo alta repercusión en los medios, y de alguna manera opacó el logro que había alcanzado la cerealera.

Los fiscales en lo penal económico Miguel Moreno y Sebastián Narvaja tomaron la referida acusación y procedieron en complacencia. En la madrugada del 6 de junio de 2022, se ordenó la detención del presidente de Vicentín, Omar Scarel, a pesar de haber estado siempre sujeto a derecho y a disposición de la Justicia.

Dos días más tarde fue liberado por orden del juez Nicolás Foppiani bajo una caución real de u$S 500.000.-, denegando el pedido de prisión preventiva a la fiscalía. Luego, la causa quedó archivada.

En una entrevista, que circula por las redes sociales, Joel Isaías Da Costa afirma que no tiene nada que ver con la zapatera Olzen S.A. y que no es responsable de ninguna de las acciones que se le atribuyen, mostrándose desolado por el perjuicio que esto significaría para él; lo que pone en grave controversia todo lo actuado por esa firma en el concurso de Vicentín.

Los especialistas consultados señalan que se trataría de una estafa procesal. La misma se produce en un proceso judicial mediante la manipulación de pruebas u otro tipo de engaño que provoca un error en el juez o el tribunal. Como consecuencia de ello, se puede llegar a dictar una sentencia que perjudica los intereses de la contraparte.

A través del accionar de Olzen S.A., mediante el presunto robo de identidad a un desocupado, se perjudicó el normal desenvolvimiento concursal y, también, a los ex directivos de Vicentín. Llama la atención que la justicia rosarina haya sido tan vulnerable y permeable a este tipo maniobras que, a simple vista, son escandalosas.

(*) Periodista, editor y autor del libro ¡Exprópiese! El caso Vicentín