Una resolución publicada en el Boletín Oficial dispone la obligación que cada entrega de granos realizada por un productor agropecuario este lacrada y se haga un análisis de calidad en alguno de los laboratorios registrados ante el Ministerio de Agricultura, todo con cargo al productor. El diputado Juan Casañas presentó un proyecto de eliminación.
Una resolución publicada en el Boletín Oficial, dispone la obligación que cada entrega de granos realizada por un productor agropecuario este lacrada y disponga un análisis de calidad en alguno de los laboratorios registrados ante el Ministerio de Agricultura. Los gastos emergentes deben ser costeados por los productores, según consigna.
Específicamente, dispone la resolución que las partes intervinientes en una operación de compraventa de Cebada forrajera; Girasol; Maíz; Soja; Aceite de soja; Sorgo; o Trigo, deberán lacrar una muestra representativa de cada camión, vagón o barcaza descargado. Entonces, el comprador o el receptor de la mercadería deberán enviar dicha muestra, a algún Laboratorio de Análisis de Calidad registrado ante el Ministerio de Agricultura. El incumplimiento de esta obligación traerá aparejadas sanciones para las partes.
En este marco, varios puntos de entrega de granos en todo el país, comenzaron a descontar montos superiores a los $ 300 por camión, del precio pagado al productor, para cubrir el costo de dicho análisis.
“Es mentira que el objetivo de la Resolución sea buscar la transparencia y la independencia, en la entrega de los granos. La única realidad es que este es un negocio de unos pocos laboratorios, y otra vez el perjudicado es el productor”, indicó el diputado Juan Casañas.
Y añadió: “Como siempre, los productores terminamos financiando los negocios ajenos. Se juntan un puñado de burócratas con algunos empresarios inescrupulosos en un escritorio en Buenos Aires, e inventan este negociado sin importarles el interior del país.
El diputado presentó un proyecto de ley para la inmediata suspensión de esta medida, a la vez que impulsa la eliminación definitiva en el Congreso de la Nación.
Aunque la medida constituye un paso hacia el reconocimiento y pago de calidad, no cayó bien que se tratara de una imposición más que agrega costos que solo benefician a laboratorios. En rigor, y el tema de fondo, es que el pago de calidad no se hace ni se reconoce, por lo que es justo pensar el sinsentido de la medida dando lugar a que la demanda pague o no la calidad requerida.
