El veredicto de Reconquista

En el corazón de Santa Fe, donde el aire huele a cereal y el pulso de la economía se mide en toneladas, se escribió uno de los capítulos más tensos de la historia empresarial argentina. El escenario no fue una terminal portuaria, sino el despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista. Allí, el 15 de septiembre de 2023, la balanza de la justicia se inclinó de una forma que pocos esperaban, transformando un acuerdo que parecía cerrado en un laberinto de nuevas incertidumbres.

Esta es la crónica de una pulseada entre la necesidad de sobrevivir y el imperativo de la equidad; una historia donde los números fríos se enfrentaron a la ética legal.

Durante meses, Vicentín SAIC había intentado tejer una red de seguridad para evitar la quiebra. Su propuesta de acuerdo preventivo buscaba convencer a una masa crítica de acreedores para estirar los plazos y licuar las tensiones. Sin embargo, aquel viernes de septiembre, el juez a cargo decidió que “pasar de largo” no era suficiente. Fue el día que el “no” retumbó en los silos.

Aunque el tribunal desestimó las impugnaciones formales presentadas por gigantes como el Banco Nación (BNA) y la AFIP —considerándolas improcedentes desde lo técnico—, no le dio el visto bueno al plan de la empresa. El llamado “test de legalidad y abusividad”, bajo la lupa del artículo 52.4 de la Ley de Concursos y Quiebras, el juez determinó que la propuesta de Vicentín era abusiva.

Para entender el rechazo, hay que mirar el bolsillo del acreedor. Vicentín proponía una espera de 12 años para cancelar todas sus deudas, pesando la espera en las acreencias de mayor magnitud. En un país donde la inflación es el viento que todo lo erosiona, pedir espera para cobrar lo mismo que hoy ya vale poco, y el juez Lorenzini rechazó.

Fue claro, dijo que existía una “distribución desigual del esfuerzo”. Mientras la empresa buscaba aire, los acreedores con mayores saldos quedaban expuestos con sus acreencias. No había un “bono residual” ni cláusulas de salvaguarda que mitigaran el impacto. En términos económicos, el Valor Actual Neto (VAN) de la oferta estaba por debajo de lo que dictaba el sentido de percepción del juez. A pesar del holgado acuerdo con acreedores en Cápitas y en Capital y superar –por si hubieran dudas- el test de quiebra.

Ante el rechazo de la homologación, se abrió una puerta que muchos temían y otros esperaban: el cramdown o período de concurrencia. Intervino la Cámara de Reconquista y le dio la razón a Vicentín. Intervino la Corte de Santa Fe con dudosa imparcialidad. Asimismo, el juez Daniel Erbetta es suegro de Alexis Weitemeier, socio del estudio litigante contra Vicentín.

Se abrió, entonces, el registro para que otros interesados levantaran la mano y propusieran sus propios planes de rescate. LDC y Molinos Agro entraron en la compulsa. Bajo el reflector apareció Grassi SA. La comparación entre la propuesta original de la concursada y la alternativa del Cramdown se volvió el tema de conversación obligado en cada acopio del país.

El análisis judicial posterior puso sobre la mesa dos realidades matemáticas. Por un lado, la liquidación en caso de quiebra prometía un dividendo falencial de apenas el 19,93% y, la propuesta concordataria asomaba con un recupero del 27,09%. En esta instancia del proceso concursal frente a dejar los empleados en la calle era, claro, la mejor propuesta.

El documento comparativo de estas dos instancias de homologación nos deja una enseñanza de análisis periodístico y financiero: en el derecho comercial moderno, no basta con tener la mayoría de las firmas; hace falta que el sacrificio sea compartido. El juez de Reconquista terminó encerrado en una solución del mal menor.

Hoy, la crónica sigue abierta, pero aquel veredicto de septiembre marcó un antes y un después. Vicentín sigue siendo una herida abierta en el agro argentino.