Fuerte compulsa en el Cramdown del Concurso de Vicentín
A pocas horas del cierre del proceso de cramdown que definirá el futuro de Vicentín SAIC, las empresas Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC) presentaron una mejora sustancial en su propuesta de pago a los acreedores, en un intento por asegurarse el control de la agroexportadora santafesina.
Las compañías ofrecieron pagar el 100% de las acreencias de hasta u$s 130.000.- en un plazo de 30 días desde la homologación judicial, un gesto concentrado que apunta directamente a conseguir los votos de los acreedores, que son mayoría, hasta ese umbral.
Para los créditos superiores a u$s 400.000.- el plan contempla un anticipo de u$s 25.000.- en efectivo al mismo plazo, con el resto del monto a cancelar en diez cuotas anuales. Además, incrementó el porcentaje de las primeras nueve cuotas, con el fin de acelerar la recuperación del capital.
La propuesta incluye, un pago complementario para las categorías B y C, condicionado al eventual aprovechamiento de quebrantos fiscales por parte de Vicentín, cuyo beneficio sería compartido con los acreedores. Esta opción dependerá del dictamen favorable de la AFIP, según informaron las compañías en un comunicado conjunto.
El plazo legal para presentar avales vence este viernes 31 de octubre. La sindicatura deberá chequear los cómputos y el juez Fabián Lorenzini deberá definir si el primero que cumplió las mayorías, en el curso del trámite, tiene los requisitos en orden a la ley para el control de la concursada.
El proceso de cramdown —figura prevista en la Ley de Concursos para evitar la quiebra de una empresa mediante la oferta de terceros— llega así a su punto más decisivo. Ambas propuestas compiten por lograr la mayoría doble exigida: por cantidad de acreedores (cápitas) y por capital representado en dólares.
Según confirmó el abogado Tomás Araya del Estudio Bomchil, asesor legal de LDC, más de 900 acreedores ya adhirieron a la propuesta de MOA y LDC. La Unión Agrícola de Avellaneda (UAA) un oferente en esta instancia que desistió de la propia para dar impulso a la de MOA-LDC con su voto. La entidad destacó que la oferta es “financieramente sólida y transparente” y convocó a sus más de 1.700 asociados a sumarse.
Esto implica un acuerdo con UAA para garantizar el funcionamiento la continuidad del “Nodo Norte” de Vicentín, donde operan tres plantas industriales y se emplean más de 230 trabajadores. “Este acuerdo preserva la capacidad productiva y el empleo en la región”, subrayó la cooperativa.
La propuesta de Molinos y LDC se estructura en tres rangos de acreencias:
Hasta u$s 130.000.- pago total en 30 días. Entre u$s 130.000.- y u$s 400.000.- pagos escalonados. Más de u$s 400.000.-, con un anticipo y diez cuotas anuales.
“Una propuesta simple, sin exigencias de entrega de granos ni límites de adhesión”, explicó Pablo Noceda, CEO de Molinos Agro diferenciando del competidor Grassi. “Somos dos compañías con capacidad logística, experiencia exportadora y compromiso con la inversión y el empleo”, añadió.
En la misma línea, Fernando Correa Urquiza, Head Regional de Oleaginosas de LDC para Latinoamérica Sur y Oeste, afirmó que el plan busca mantener los 1.100 puestos de trabajo actuales e incluso ampliar la plantilla a medida que avance el proceso de reactivación.
“Si ganamos el cramdown, en cuanto el juez homologue el acuerdo, tomaremos posesión de los activos, garantizaremos el pago de salarios y reanudaremos las operaciones. En el mediano plazo, vamos a invertir para llevar las plantas a su máxima capacidad productiva”, afirmó el ejecutivo en declaraciones televisivas.
Pablo Noceda, de Molinos Agro, por su parte detalló la necesidad de inversiones que requieren las plantas por lo que se ha contemplado un plan de puesta a punto para llevar la operatividad a pleno.
En el otro frente, el Grupo Grassi continúa promoviendo su propia oferta. Molinos y LDC solicitaron al juez Lorenzini excluir del cómputo de mayorías los créditos de Grassi S.A. y su controlada Commodities S.A., argumentando que constituyen un supuesto de “autovoto”, práctica expresamente prohibida por la Ley de Concursos y Quiebras. Hace referencia al de Avir South Sarl, la offshore que compró las acreencias de los bancos internacionales, con fondos de Grassi y su estudio patrocinante Casanova, Matos, Salvatierra y Asoc.
También, pidieron una aclaración judicial respecto de la llamada “propuesta residual” de Grassi, por considerarla abusiva. Según denunciaron, esta alternativa ofrece un pago nominal del 40% de la deuda, pero con vencimientos entre 2036 y 2038 y una tasa de interés de apenas 1,2% anual.
“En términos de valor presente, eso implica quitas reales superiores al 80%”, advirtieron desde el consorcio MOA-LDC, que busca garantizar “la libertad de elección de los acreedores sin presiones ni confusiones”.
El caso Vicentín, que involucra una deuda de u$s 1.350.- M y 1.692 acreedores, se transformó en un símbolo de la tensión entre el crédito privado y la regulación judicial en el sector agroexportador.
Desde su colapso financiero en 2019, la empresa —que supo ser una de las principales procesadoras de soja del país— arrastra un extenso proceso concursal. Su destino depende ahora de quién logre reunir primero las mayorías antes del viernes 31 de octubre a las 23:59, momento en que se cierra el período de votación.
El juez Lorenzini deberá decidir si homologa el acuerdo que reúna las adhesiones necesarias o si, en caso contrario, declara la quiebra de la compañía.
Desde Molinos Agro y LDC aseguran que, si resultan adjudicatarios, impulsarán un plan de inversión progresivo para reactivar plenamente la producción y reforzar la posición exportadora de Vicentín.
“No es una propuesta de prueba: tenemos un plan estratégico concreto. Las plantas están subutilizadas por falta de inversión, pero el agro argentino tiene una relevancia enorme en el mercado global. En Europa, Asia y Brasil nos preguntan qué va a pasar con Vicentín”, sostuvo Correa Urquiza.
Mientras tanto, la pulseada por el control de la histórica firma santafesina entra en su tramo final, con una definición que marcará un punto de inflexión para la agroindustria argentina: entre la continuidad y la quiebra, el desenlace de Vicentín se acerca.
Sólo una inquietud flota: si hay dudas en el cómputo vencedor, la otra podría llegar a plantear disconformidad en la homologación ante la Cámara de Apelaciones.
