Impuestos, en clave de clásico

El castigo de trabajar para el Estado vuelve al reflexionar que a junio de 2021 se registró que 61,8 % de la renta agrícola queda en los distintos niveles de gobierno. “El productor vende su cosecha, a eso le resta los costos que tuvo para producirla. Una vez hecha esa cuenta, valor de la producción menos los costos, supongamos que da $100, de los que el Estado se queda con $ 61,80 entre impuestos nacionales, provinciales y municipales”, explicó David Miazzo, Economista Jefe de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) al publicar la medición trimestral que la institución hace sobre seis provincias y como caso testigo.

Se compone un promedio ponderado de cultivos a nivel nacional que analiza cómo se da en distintos cultivos. Así, detalla que la participación del Estado en soja es del 67,7 %, maíz 50,6 %, trigo 59,9 % y girasol 47,1 %.

“El esquema de tributos argentino para el campo es, por lo menos, contradictorio. Una actividad que se realiza en todo el país, arraigada regionalmente a lo largo y ancho de la Argentina, tiene dos tercios de carácter nacional y que no vuelven a las provincias de origen, entonces, ¿Eso es federalismo fiscal?”, se preguntó Miazzo. Los derechos de exportación impactan negativamente en los diversos distritos de tres formas: incrementan los recursos no coparticipables, reducen los coparticipables por disminución de la carga en Ganancias y, finalmente, porque tienen proceden de zonas productivas.

El 61,8 % en favor del Estado discrimina un 66,6 % degravámenes nacionales no coparticipables, mayormente derechos de exportación, a lo que se suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los del tipo coparticipables entre Nación y las provincias representan el 28,2 %. Está principalmente la carga por Ganancias -neto del impuesto a los créditos y débitos-, y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte de este 28,2 %, y además recaudan por distintos conceptos. En el Índice FADA nacional se consideran el inmobiliario rural, a los sellos e ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los provinciales explican el 4,7 % de ese total.

Por último, los de raíz municipal representan el 0,6 % en el Índice FADA promedio nacional. En las jurisdicciones que los cobran, la inserción pesa más. El componente central en este ámbito circunscribe a tasas viales o guías cerealeras, según el caso que se trate.

Respecto a junio de 2020 el valor FOB de la soja ha mejorado un 60 %, el del maíz 72 %, el trigo 14 % y el girasol 100 %. Esto impactó en una suba de los precios disponibles en el mercado interno.

En los últimos 12 meses, la amplificación nominal del tipo de cambio oficial fue del 35,6 %, pasando de $ 69,97 por dólar a $ 94,86. En los últimos 3 meses, se incrementó un 4 %.

En términos reales, descontando los efectos de la inflación, en los últimos 12 meses empeoró un 9,5 %. Medido a precios de junio de 2021, el tipo de cambio doce meses atrás era el equivalente actual de $ 104,83.

“Esto significa que comienza a atrasarse respecto de la inflación, incrementando los costos de la producción al medirlos en dólares, algo malo para cualquier actividad exportadora”,alertó Miazzo.

La estructura de tarifaria de los cultivos, de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 51 % sobre una hectárea de soja están estrictamente dolarizados, el resto está pesificado. Si se considera a la tierra dentro del esquema de costo, dolarizado en una hectárea de soja representar el 64 %. En el caso del maíz, fertilizantes y semillas tienen más peso, es 59 % en dólares, y en pesos es el 41 %, pero si entiende el costo de la tierra, dolarizados, asciende al 66%.

“Los precios de los fertilizantes han aumentado un 40 %, en dólares. El gasoil supera al 70 %. Los laboreos un 50 %. Las tarifas de referencia de fletes muestran subas cercanas al 50 %, pero se reportan incidencias de hasta el 85 % ante la temporada alta de fletes”, advirtió economista de FADA Nicolle Pisani Claro.

Para profundizar en cada caso, se analizan el coste involucrados en una hectárea de maíz, por ejemplo. Se toma desde el valor FOB al resultado después de impuestos.

Resaltan dos puntos. El primero, el fobbing tiene entre el 9 % y el 12 % del total que insume hectárea de maíz.

El segundo punto, son los fletes, donde se puede ver claramente cómo encarecen a medida que uno se desplaza desde Capital Federal hacia las provincias. En el caso del maíz adiciona el 20 % de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 22 %, en San Luis el 23 %, en La Pampa el 21 % y en Entre Ríos el 17 %. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 15 %. Se ve claramente el efecto que el atraso cambiario genera sobre los costes; elevó su participación cerca de 4 % respecto al informe anterior.

El índice FADA en Córdoba es 61,7 %, Buenos Aires 60,4 %, Santa Fe 60,5 %, La Pampa 60,7 %, Entre Ríos 64,2 % y San Luis 60 %.

En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes con efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos y provincias. Así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia. Para cada caso se utilizaron los rindes estimados para la presente campaña y los costos de producción de labores e insumos necesarios para esos rindes promedio en cada región.

En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos con distintas alícuotas. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

“Acá tenemos otra situación desfavorable para la actividad porque el pacto fiscal entre Nación y provincias contenía el compromiso de las provincias de llevar ingresos brutos gradualmente al 0%, pero esta baja fue suspendida con la cancelación del Pacto Fiscal”, aclaró Pisani Claro.

San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas. Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. “Vale resaltar que esto no sólo depende de la decisión de los propios municipios sino del ordenamiento normativo en cuanto a lo territorial. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires un municipio/partido tiene jurisdicción sobre las áreas rurales y coexisten caminos rurales municipales y provinciales, mientras que, en Córdoba, dentro de un departamento hay muchos municipios, pero estos no tienen jurisdicción sobre las áreas rurales, sólo sobre el ejido urbano”, explicó la economista.