A raíz del acuerdo que la semillera Monsanto llegó por la modalidad de cobro por la propiedad intelectual de su evento biotecnológico Intacta RR 2 Pro, entidades gremiales y acopiadores manifestaron su desacuerdo. Aunque defienden el cobro por ingestaciones de ese carácter, hubo gestiones y reuniones en las que participó el Gobierno asegurando que resolvería con un DNU sobre la vieja Ley de semillas. Finalmente, el Jefe de Gabinete descartó esa idea y, estima que tendrá que ser una ley por medio del Congreso.
Monsanto acordó cobrar regalías por su nuevo desarrollo de biotecnología con Intacta RR2 Pro, mediante una cláusula que obliga a los vendedores a aceptar una retención de u$s 15. El evento tecnológico representa la segunda generación de la soja tolerante a glifosato, que proporciona un potencial aumento de rendimiento en relación a la RR1, producto por el que nunca pudo cobrar regalías. La idea fue rechazada en conjunto por las entidades gremiales que representan a los productores con el apoyo de la Federación de Acopiadores de Granos y Centro de Corredores de Cereales de Rosario que emitieron incomunicado de prensa que se expresa en ese sentido.
Las entidades, sin embargo, reconocen alentar la generación de nuevas tecnologías y aceptar que las mismas sean adecuadamente remuneradas con arreglo al marco legal respectivo, pero no están de acuerdo con el actual sistema.
El Gobierno insinuó con la idea arbitrar por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Las entidades semilleras ASA y Arpov valoraron el anuncio del Gobierno y la intención sobre el tema, y destacaron que sólo el 15% de la superficie sembrada de soja se hace con semilla fiscalizada.
Luego de reuniones en el ministerio de Agricultura trascendió que el acuerdo iría en el sentido de que las semillas pagarán por la tecnología, pero no en el grano; se mantendrá el derecho al uso propio, sin regalías extendidas manejadas por las empresas, pero se cobrará un canon tecnológico –con excepciones segmentadas por escala productiva- a partir de la segunda siembra de determinada variedad. Para ello, se activaría un registro de productores, controlado con poder de policía por el INASE para eliminar el comercio ilegal o llamada “bolsa blanca”. Se crearía un fondo fiduciario, manejado por un Consejo público-privado, que administraría los recursos aportados por los productores, para distribuir el 75% entre las empresas obtentoras de patentes, según su participación de mercado. El otro 25% para fomentar investigaciones en nuevas variedades.
Al cierre de la edición, giró la idea de que no abría DNU y seguramente el Congreso lo trate en una ley “No va a salir por decreto, lo más probable es que se termine mandando como una ley al Congreso para que se lo pueda debatir”, dijo el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
