Vicentín, el duelo de dos Acuerdos de pago

El prolongado drama de Vicentín, el gigante agroindustrial que sacudió al mercado granario argentino, parece haber entrado en su etapa de definiciones. En los pasillos de tribunales y en las oficinas de los acopios se discuten en perspectiva y a hoy dos visiones opuestas para el futuro de la firma: la propuesta de la propia concursada y la resultante alternativa de “cramdown” impulsada por el Grupo Grassi. El análisis de los números revela que, detrás de los anuncios de cada caso se esconden realidades muy distintas para el bolsillo del productor.

La oferta de Vicentín buscó cerrar un ciclo de incertidumbre tras dos años de concurso, que fue saboteado sistemáticamente por su acreedor hostil, Grassi. El plan de la aceitera contempló un horizonte de 12 años para terminar de abonar unos u$s 748.- M, lo que representa casi el 48% del total de la deuda.

Lo más atractivo fue para los pequeños acreedores con el “despeje” inicial del escenario donde la empresa propuso cancelar de entrada todas las cuentas menores a u$s 30.000, lo que sacaba de escena a unos 700 acreedores de un universo total de 1.699. Para el resto, se ofreció una combinación de pagos en efectivo por u$s 297.- M y la capitalización de saldos mediante acciones.

Vicentín no estaba sola. Tejió alianzas con pesos pesados como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra Argentina y Bunge: una propuesta de pago inescindible de inversiones de parte de los socios estratégicos. La caja se nutriría de la propia operación, con la venta del paquete accionario del 33% de Renova –teniendo por socio a Viterra- por u$s 150 millones y la liquidación de otros activos en San Lorenzo y Ricardone. Además, prometía una renovación total del directorio, ajeno a la familia.

En la otra esquina apareció el Grupo Grassi en una puja contra Molinos Agro y Louis Dreyfus Co., con un plan que, a simple vista, parecía imbatible: un recupero publicitado del 200%. Sin embargo, al desarmar la arquitectura del mismo, el análisis técnico de Echazarreta y Miazzo advirtió sobre la fragilidad patrimonial extrema y el peso sobre los acreedores granarios con entregas de granos durante 10 años en condiciones desventajosas.

Grassi no aporta capital fresco. Su “nueva Vicentín” se basa en una capitalización circular: los acreedores aportan sus propios créditos impagos para formar el capital. Es decir, se utiliza la deuda de la empresa para intentar sanearla, sin introducir liquidez real ni nuevos activos productivos.

Para el productor, aceptar el plan Grassi -Alternativa A.1- implica entrar en lo que los analistas llaman un “corset” contractual de 10 años. Los costos que no figuran en el folleto publicitario son demoledores:

Pérdida de libertad comercial: El productor se obliga a entregar cuotas fijas mensuales, perdiendo la chance de vender en momentos de mejores precios o premios estacionales.

Logística ineficiente: Al exigir entregas mensuales de, por ejemplo, 50 toneladas, el productor termina pagando “falsos fletes” por camiones que viajan incompletos, un sobrecosto estimado en u$s 8,11.- por tonelada.

Almacenamiento a cargo del acreedor: El riesgo y el costo de mantener el grano durante todo el año para cumplir con las cuotas se traslada íntegramente al productor.

Renuncia a premios: Se pierde el acceso a bonificaciones por soja sustentable y a beneficios por volumen geográfico.

Al sumar estos factores, el supuesto recupero del 200% se desmorona: el valor real neto termina siendo apenas del 27,7%, una cifra muy inferior a la prometida.

Al comparar ambas ofertas, la balanza se inclina por la solidez estructural. Mientras que Vicentín presentaba un plan respaldado por la venta de activos reales y socios de envergadura mundial, la propuesta de Grassi genera un riesgo sistémico para el mercado.

Otorgar a un solo operador el suministro garantizado de 3,5 M de toneladas anuales -el 7% de la producción nacional- eliminaría la competencia por precio en esa porción del mercado. En años de sequía, este privilegio de Grassi podría representar hasta el 14% de la oferta total, distorsionando los incentivos de todo el sistema granario argentino.

Además, el riesgo productivo es asfixiante: el productor quedaría atado a sembrar soja durante una década, sin poder rotar cultivos, bajo pena de perder casi toda su acreencia si el clima o el suelo no acompañan.

La propuesta de Vicentín, aunque implicaba plazos largos, ofrecía un camino de desendeudamiento basado en capital real, gobernanza independiente sin obligar a acreedores a aportar granos. La alternativa de Grassi es una transferencia desproporcionada de riesgos hacia los mismos acreedores que ya fueron damnificados, ofreciendo una solvencia que, en la práctica, es solo un registro contable circular.

La actuación del juez en favor de Grassi fue una decisión de “mal menor” en soledad ante la quiebra real con los empleados en la calle, más que de justicia plena, por tratarse una instancia concursal completamente diferente y sin posibilidad de vuelta atrás. Si bien es justo que se priorice evitar la quiebra total —donde, además, el recupero sería ínfimo—, es cuestionable que se haya validado un esquema que encierra una asimetría extrema y traslada riesgos operativos severos a los mismos acreedores que ya fueron damnificados.

Llegado el caso fue una justicia pragmática, pero muy cuestionable al fin y al cabo. Salvó la estructura empresaria, pero dejó al acreedor atrapado en una desventajosa relación contractual forzada a una década de inviernos. El juez Fabián Lorenzini hizo una valoración diferente del concepto de abusividad, siendo muy severo con la familia Vicentín y laxo con Grassi.