Vicentín: Cramdown en tiempo de descuento
En los tribunales de Reconquista, el cierre del proceso de Cramdown de Vicentín S.A.I.C. se vive con tensión al compás de una definición. Los dos grupos empresarios hicieron saber, prácticamente al mismo tiempo, que habían alcanzado las mayorías necesarias para quedarse con el control de la emblemática agroexportadora santafesina.
Por un lado, Grassi S.A., afirma ante medios rosarinos haber sido el primero en presentarse con las mayorías requeridas por Ley. Del otro y al mismo tiempo, el consorcio integrado por Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC), acompañado por la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), una de las cooperativas más antiguas y relevantes del norte santafesino, detalló con amplitud su logro a través de un comunicado oficial.
El único que tiene la palabra válida es el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, conducido por el juez Fabián Lorenzini, quien desde hace cinco años lleva el proceso concursal que ocupa a Vicentín.
El cramdown, es una segunda instancia que contempla la ley ofrece cuando la empresa en concurso no logra que le aprueben su propio plan de pago. La norma permite que terceros interesados presenten una oferta para quedarse con la compañía, a fin de preservar la actividad y fuentes laborales. Se establece que debe reunir la mitad más uno de los acreedores y las tres cuartas partes del capital a favor de la oferta de pago para alcanzar las mayorías. Además, el primero que informa al juzgado tal logro, en principio, es quien se queda con la empresa.
Desde el 3 de noviembre corren 10 días de plazo para que se expida el juzgado. Los síndicos controlarán el cómputo de votos y su validez, a la vista del magistrado. La ley prohíbe el autovoto; esto es cuando el acreedor tiene vínculos de control o participación con el proponente, no puede votar. En tal sentido, el tándem MOA-LDC presentó una impugnación que el juez debe resolver. A partir de entonces se debe determinar quién tiene las mayorías y quién llegó primero. No obstante, también podrá dictaminar en favor de la otra propuesta, de lo que hay precedentes judiciales. La incógnita es mayúscula.
Asimismo, puede iniciarse una carrera recursiva, si alguna de las partes está disconforme apelando ante la Cámara de Apelaciones, y eventualmente ante la Corte de Santa Fe.
La familia Vicentín tras entrar en crisis en diciembre de 2019 ingresó en Concurso de acreedores, y durante el proceso nunca detuvo su actividad ni contrajo nuevas deudas. El expresidente Alberto Fernández anunció un proyecto de expropiación e intervino la compañía, ensuciando todo el proceso judicial.
El juez de Primera instancia le rechazó la propuesta de pago inescindible de inversiones con tres socios estratégicos: Bunge, Viterra y ACA. La misma había alcanzado mayorías de acuerdo por parte de acreedores en las Cápitas con un 63% y en el Capital un 72%.
En marzo de 2025 fue quebrada la conducción de la compañía por parte de la justicia penal al dictar prisión preventiva, en el momento que apelaba ante la Corte Suprema de la Nación. El juez Civil intervino la empresa desde entonces. A partir de ahí se ha generado deuda posconcursal y se aceleró el actual proceso. Las plantas del grupo ubicadas en San Lorenzo, Ricardone y Renova— continúan operando bajo contratos de fazón.
