Cuando el juez lleva la servilleta al cuello

El caso Vicentín y la justicia santafesina

Por Bernardo Basombrío

La inquietante pregunta lanzada desde el blog, bajo el título que publicamos “El gordo Rafa y la Suprema, pero de milanga” ¿Qué puede salir mal cuando quienes deben impartir justicia son los primeros en violarla? Todo, pues. Y no es una figura retórica: en Santa Fe, el caso Vicentín lo demuestra con dolorosa nitidez y el gobierno de Maximiliano Pullaro se hizo el distraído. La onda expansiva tendrá el último eco.

En un entramado donde lo jurídico se mezcla con lo político, lo económico con lo personal, la imagen de “el Gordo Rafa” —apelativo popular del presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina— comiendo milanesa en reuniones con intereses en juego no es apenas anecdótica: es simbólica. En su escritorio no hay imparcialidad; hay una servilleta al cuello.

Vicentín fue una de las principales agroexportadoras del país. Su colapso financiero derivó en una de las causas judiciales y económicas más relevantes de la última década. La empresa presentó un concurso de acreedores y el juez de primera instancia se negó a razonar la aplicación de artículos de la ley concursal, pero gritó como un tero “violencia moral”, sin explicar el trasfondo de verdad bajo esa amenaza. La Cámara de Reconquista homologó, pero la Corte santafesina intervino, sin pedido de parte, sin revisión formal, y con un timing tan político como sospechoso. Sin despejar el conflicto de intereses, claro.

En lo alto de la provincia, “en lo de Rafa”, primó la decisión de anular la homologación; el argumento, “defectos procesales”. El efecto: dinamitar el acuerdo con más del 75% de los acreedores, sin importer las consecuencias en trabajadores, y dar vía libre a otros intereses económicos —algunos vinculados directamente con integrantes del propio Poder Judicial. En ese colmo intervino hasta la compra de acreencias a los bancos. Tampoco faltó la actuación de la fiscalía penal, tan sincronizada, con luz verde sobre el fuero Civil y comercial, encarcelando directivos sin pruebas concretas. Las investiduras de las acusaciones en el piso y, la fianza alta ¿en qué quedamos Sr. Juez?

El principio de imparcialidad judicial es piedra angular del Estado de Derecho. Sin embargo, en este caso, la Corte que debió arbitrar con neutralidad presenta serios indicios de conflictos de interés. Al menos, uno de los ministros tiene vínculos familiares con actores del sistema litigante: a la carta.

El escándalo no se limita a lo que se hizo, porque también se ocultó que no hubo excusaciones, no se transparentaron intereses, no se motivó jurídicamente por qué una sentencia firme debía ser desandada por un tribunal que no era parte. A pedido del hostil acreedor Commodities, de la exclusiva minoría disconforme.

Justicia gourmet es cuando el poder judicial se sirve a sí mismo. La escena es casi grotesca: mientras centenares de productores, exportadores, empleados y acreedores ven esfumarse sus acreencias, desamparados, los máximos jueces provinciales discutían entre bife y vino la suerte de una empresa; léase esfuerzo privado. No es chiste el sarcasmo del artículo publicado por Bohurak sobre el “Gordo Rafa”.

La justicia está convertida en menú de pocos. Lo legal cocinado al fuego lento de la conveniencia. ¿Y el Estado de Derecho? A fuego lento también, pero para hacerlo puré.

En los estándares internacionales, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción exige recusaciones automáticas ante conflictos de interés. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que cualquier juez vinculado a las partes debe ser apartado. En Santa Fe, se ignoró todo eso.

Existen herramientas comprobadas —registros públicos de intereses, control ciudadano, auditoría de fallos— que podrían haberse aplicado. Pero cuando los jueces son parte, y además están en la cima, ¿quién los obliga?

El que calla, otorga. El silencio del Colegio de Abogados, la tibieza del Poder Ejecutivo provincial, y la ausencia de sanciones reales configuran una escena alarmante. El sistema no falla: funciona para los que lo controlan.

Mientras tanto, Vicentín sigue siendo rehén de una justicia que no actúa como poder independiente, sino como socio con poder.

El peligro de naturalizar la anormalidad o vivir bajo la anomia es siempre densa, ominosa. El caso Vicentín fue condenada de entrada por el interés de un lobby político, judicial y empresario. La disputa empresarial o judicial fue el mascarón. Esas facciones enseñan lo que puede suceder cuando el Poder Judicial deja de ser árbitro para convertirse en jugador. Y más grave aún: cuando nadie parece dispuesto a ponerle freno.

No hay democracia sin justicia. No hay justicia sin jueces honestos. Y no hay jueces honestos cuando se sientan a la mesa a comer con los beneficiarios de sus fallos. Por eso, la servilleta al cuello no es apenas un detalle folclórico. Es el símbolo de un poder que, lejos de impartir justicia, se la traga.

Es claro, con un conocimiento tan profundo, la indignación subleva. La Corte de Buenos Aires debe corregir esto, urgentemente.