La toma de tierras, punto de inflexión

El asalto a la propiedad privada es una falta de respeto de estos tiempos, frente a lo que es un principio fundamental, consagrado por la Constitución Nacional y es una norma de vida para el país. La anomia que pesa sobre otras cuestiones nacionales va cobrando espacio en este aspecto y ya no asombran por su regularidad y frecuencia, donde la ley no asiste a propietarios.

Los sucesos son numerosos y debería tomar acción enérgica el peso de la ley. Un tema que angustia, preocupa y, además genera incertidumbre económica y jurídica. Sorprende la pasividad presidencial y de su gabinete –lo que no es novedoso, vista la muestra de la gestión anterior-, pero es directamente inquietante el apoyo a estos ilícitos que atentan contra el normal desenvolvimiento de la vida del país por alentar malas conductas.

Hay casos con distinciones particulares que confieren un tono y una temperatura diferentes, pero todas tienen el denominador común de que la Justicia es exasperantemente lenta y los custodios del orden no proceden, por omisión apoyada en la pasividad del poder político. Río Negro, Tucumán, Buenos Aires, entre muchas otras provincias, y ahora toma el primer plano Entre Ríos.

De este último caso nos ocupa la editorial. Las Margaritas es una empresa familiar con estatus de sociedad anónima y que al morir Luis Félix Etchevehere la sucesión distribuyó el 50 % para su viuda, Leonor Barbero y el 12,5 % para cada uno de sus cuatro hijos.

En ese curso de los acontecimientos, Dolores Etchevehere tiene diferencias con el resto de la familia y formula denuncias mediáticas o alienta causas judiciales directamente en contra de la sociedad. Ejemplo de ello es la formulada ante UATRE, por las condiciones de trabajo de los empleados. Otra, fue la desviación de un préstamo bancario de una sociedad a otra.

En octubre de 2018 se cierra un acuerdo judicial entre la familia donde Dolores vende su parte accionaria, cobra u$s 400.000.- y renuncia a todos sus derechos.

Sin embargo persisten las diferencias que ella tiene con su madre y hermanos, saca del plano judicial y politiza el tema familiar por elegir a quien el sector agropecuario considera el enemigo ideológico número uno: Juan Grabois, quien a su vez señala a Luis Miguel –por ser el más mediático- en el enfrentamiento de partes. De esta manera encuentra una oportunidad única para instalar el debate sobre la socialización de la tierra. Todo esto y a pesar de que Leonor Barbero, principal accionista, ha pedido expresamente que retire su gente del lugar.

Dolores Etchevehere alega que la sucesión está indivisa y que cede un 40 % de lo que dice corresponderle, a pesar de los acuerdos y documentos que han tomado estado público, a favor del Proyecto Artigas, un plan de colonización agrícola de Juan Grabois. Cien integrantes que militan para el dirigente social ocuparon intempestivamente la propiedad, en compañía de Dolores.

Tres aspectos caben, en consideración, bajo este final abierto que se dirime en la justicia.

Primero, la de orden familiar con la exacerbación de Dolores al exponer la intimidad del asunto por introducir gente ajena que tiene particular encono ideológico con la cultura agropecuaria común al sector, cuando no resentimiento.

Segundo, que si -eventualmente- la sucesión no estuviera terminada es atendible con prioridad el derecho mayoritario de los herederos accionistas que poseen el total del 87,5 % del capital y que no consienten la ocupación ni dan permisos. Vale recordar que Dolores Etchevehere cedió todos sus derechos, por lo tanto, no hay lugar a tal posibilidad. Lisa y llanamente constituye una usurpación.

Tercero, la inacción del Estado que no garantiza los derechos, por un lado, y la directa intervención lesiva de funcionarios por asistir la usurpación acompañado de militancia oficialista agravando el asunto. Esto es un denominador común en todos los hechos. Achacar, a su vez, que es un problema familiar contradice lo antedicho. Cargar, en absurdo, con la ideología de género como argumento lo vuelve grotesco. El tenor de inseguridad jurídica se vuelve inquietante; entra en juego la rapiña como valor político. Institucionalmente se plantea un retroceso, por discutir el conjunto de atropellos que hay sobre la propiedad privada.

Cobra particular relieve, con la notoriedad pública de las partes, la afectación sobre el ánimo de los productores agropecuarios por sentirse amenazados en cuanto “campo” como actor social. No puede desoírse que el vínculo con la tierra que tiene un productor es además de abstracta, visceral. El entorno de trabajo rural tiene fuerte ascendiente en el modo de vida y en muchos casos está el vínculo ancestral. El tono y el sino del rasgo que guarda en intimidad profunda un productor al proyectar en su mirada sobre el campo el paso de su padre o su abuelo es de una motivación indeleble. La historia muestra que los intentos de alterar la esencia emprendedora rural por distintos gobiernos del mundo no han tenido éxito. El presidente y su vice ya han padecido una aparatosa derrota con un proyecto fiscal en el año 2008, conocido como la Resolución 125, aunque no parecen haber aprendido quién es el campo en Argentina. La batalla por dinero puede tener un límite, pero por las raíces sobre el surco pueden deparar una suerte de guerra santa.