Editorial
Por Bernardo Basombrío
La ley de semillas sigue esperando, hoy ante un Gobierno proclive a escuchar a los actores involucrados. Además, hay necesidad de resolver el tema que es una oportunidad de desarrollo productivo y negocio. Que, por supuesto necesita un marco de ley que lo regule y se haga cumplir.
Sin un reconocimiento a la investigación en desarrollo del mejoramiento genético y biotecnología el negocio, como viene dándose tendrá un tiempo limitado.
Según estimaciones habría inversiones de los semilleros y los multiplicadores por u$s 1000.- y se crearían unos 100.000 puestos de trabajo en todo el país. La posibilidad se daría si el mercado de semillas pasa de abastecer los 3,5 M de hectáreas que hoy comprende a la totalidad de la superficie sembrada, por 20 M de hectáreas.
La ley vigente es de 1973, pero ha habido serios avances en ingeniería genética, biotecnología y en el desarrollo de nuevas variedades, colocan en una nueva perspectiva las inversiones en investigación y desarrollo. Allí se contempla el uso propio gratuito ilimitado que hizo crecer lo que se llamó la “bolsa blanca”, y la industria empezó a languidecer. En 1994 había 18 empresas dedicadas al mejoramiento de soja, 20 años después, hay nueve. A menor investigación, progreso más lento y respuesta tediosa a desafíos genéticos.
Lo que propone la industria es el uso propio oneroso, con las excepciones que se establezcan para la agricultura familiar.
La ley de semillas espera, por un círculo virtuoso.
