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El proyecto para actualizar la ley de biocombustibles busca elevar los cortes obligatorios e incentivar millonarias inversiones agroindustriales en todo el país.

Un giro de fondo se perfila para la convergencia entre la producción agropecuaria y la matriz energética nacional. La nueva iniciativa legislativa para los biocombustibles plantea un esquema sustentado en la libre concurrencia de mercado, la licitación transparente mediante una plataforma electrónica centralizada y un límite tarifario atado a la paridad de importación de los derivados fósiles. Este rediseño normativo promete traccionar la demanda doméstica de granos y reactivar los motores del procesamiento, tanto en el polo agroexportador del Gran Rosario como en los cordones maiceros del interior.

El corazón de la propuesta radica en la suba de las proporciones de mezcla obligatoria para los carburantes tradicionales. En el caso del biodiésel, el porcentaje mínimo saltará del 7,5% vigente al 10%, trazando un sendero progresivo que busca alcanzar niveles del 12,5% y hasta del 15%. Para el bioetanol, el piso de integración se ubicará en un 15%, al tiempo que se remueve la rigidez histórica que repartía por partes iguales la provisión entre el sector sucroalcoholero y las plantas maiceras.

Las derivaciones sobre el procesamiento primario resultan inmediatas. Duplicar el requisito en la cadena oleaginosa implicará absorber 1,8 millones de tn. de aceite de soja para el consumo interno, frente a las 900.000 tn. actuales. Este requerimiento se cubrirá mediante un menor saldo exportable del derivado o a través de un incremento en el volumen de molienda. Por el lado de los cereales y la caña de azúcar, llevar la mezcla al 15% requerirá un consumo doméstico adicional de 400.000 tn. de maíz y 3 millones de tn. de caña, guarismos que constituirán un piso base, dado que se prevé habilitar mezclas voluntarias aún superiores para la maquinaria agrícola y el transporte pesado.

Al calor de este horizonte normativo y de la expansión global de los combustibles sustentables para aviación (SAF, por sus siglas en inglés), el sector privado ya alista importantes desembolsos. Entre las iniciativas más destacadas se anota Santa Fe Bio con un plan de u$s 400 millones; la firma cordobesa Bio4 con una proyección de u$s 70 millones; y la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), que contempla un desembolso de u$s 150 millones para sumarse al entramado de las energías limpias.

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