Debate sobre la tierra
Entre la rosca opositora en el Senado y el debate dogmático sobre el capital externo, la desregulación de los inmuebles rurales quedó en punto muerto.
En la trastienda de una derrota legislativa, la crónica parlamentaria de la semana pasada cerró con un duro revés para la Casa Rosada. El proyecto de ley orientado a consagrar la inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado en los papeles por el ministro Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich, obligó a la cancelación de dos de sus aspectos más sensibles: el capítulo sobre extranjerización de campos y la reforma a la ley de manejo del fuego, que dicho sea de paso nadie discutió sobre recurso para combatir dichas contingencias.
A diferencia de otros debates en los que la oposición se limitó a ser un mero espectador de las negociaciones, en esta oportunidad el peronismo armó un fuerte lobby político, como el que apaña al tema de la universidad pública, coordinado para perforar la iniciativa y desgastar al Gobierno. El tablero combinó voces del recinto —como las de Juliana Di Tullio, José Mayans, Wado de Pedro o Máximo Kirchner— con movimientos estratégicos desde afuera. En ese terreno reapareció la figura de Sergio Massa, quien desempolvó viejas líneas de contacto para convencer a senadoras de Salta, Misiones y Neuquén que habitualmente venían votando en sintonía con el oficialismo.
La táctica opositora demostró pragmatismo. Wado de Pedro contuvo a gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) evitando consignas ideológicas duras o radicalizadas —como agitar fantasmas de expropiaciones o pedir la libertad de la expresidenta— y concentrando el foco en el articulado técnico. Máximo Kirchner hizo lo propio alineando al bloque de Santa Cruz. Axel Kicillof, por su parte, marchó en las calles alrededor del Parlamento agitando el ánimo social. La embestida peronista olfateó la debilidad oficial cuando notó que los operadores habituales del Gobierno —los Menem, el equipo de Caputo o Diego Santilli— no estaban moviendo un solo dedo en los pasillos para respaldar a Sturzenegger ni a Bullrich. La sangría de votos fue inevitable y la Casa Rosada prefirió retirar las cláusulas antes de sufrir un bochorno mayor en la votación.
Más allá de la rosca en los pasillos del Congreso, el freno a la desregulación reabrió una vieja discusión filosófica y económica sobre la llegada de inversiones al campo argentino, con la paradoja del capital y el texto constitucional
Existe un pudor contemporáneo muy arraigado que suele conmocionarse ante el recuerdo del inmigrante que llegaba con su valija y que vino a trabajar la tierra, pero mira con recelosa sospecha al fondo de inversión que desembarca con capitales. Sin embargo, para la visión de Alberdi que moldeó la Constitución de 1853, esa distinción no existía: el inmigrante era el capital extranjero. La Carta Magna definió en sus artículos 20 y 25 una equiparación lisa y llana entre extranjeros y ciudadanos para comprar y poseer bienes raíces, prohibiendo expresamente limitar o gravar su ingreso para labrar el suelo. Imponer hoy cupos o techos de hectáreas es, en los hechos, convertir en cuota administrada lo que la Constitución escribió como un derecho de fondo.
La ley vigente sostiene dos límites: un cupo colectivo del 15% sobre el total de la tierra rural del país, y un techo individual de 1.000 hectáreas para la zona núcleo. Es este último -sancionado en la Ley de Tierras rurales 26.737 cuyo espíritu es el que realmente bloquea la llegada de proyectos de envergadura. Una inversión forestal de escala industrial requiere decenas de miles de hectáreas para sostener un ciclo de corte a 15 años; la agricultura bajo riego en zonas áridas necesita amortizar costos millonarios sobre grandes extensiones, y la ganadería en la meseta patagónica exige vastas superficies debido a la baja receptividad del suelo. Con un límite rígido de 1.000 hectáreas, el inversor externo no invierte menos: directamente no entra.
Sectores fuertemente ideologizados meten miedo con el argumento de la pérdida de soberanía como recurso dialéctico habitual contra la apertura de mercado, llamándolo “extranjerización”, pero las estadísticas oficiales desmienten los hechos concretos. El Registro Nacional de Tierras Rurales creó su primer relevamiento en 2013 —midiendo un siglo y medio de compras libres previas a la ley— y constató que la tierra en manos extranjeras apenas rondaba entre el 5%, muy lejos del límite legal del 15%.
Todo esto sin olvidar que durante el mandato de Cristina Fernández, cedieron más de 200 hectáreas en la provincia de Neuquén a una agencia dependiente del Ejército Popular de China para la instalación de una estación de exploración espacial, en cuyo predio no se puede constatar ninguna actividad. Fue un convenio concebido bajo exenciones impositivas y un plazo de comodato por 50 años. Ello despierta una razonable controversia política e institucional debido a las sospechas sobre su eventual uso dual en materia de defensa e inteligencia estratégica, a la vez que es una concesión lisa y llana de soberanía.
A excepción del caso citado es fantasioso el temor a “vender la patria” ya que descansa sobre una deliberada confusión técnica entre dominio y soberanía. El dominio es un derecho de privados; la soberanía es la autoridad indivisible del Estado. Quien compra un campo en la Argentina no se lleva el territorio ni el agua ni el subsuelo, cuyo dominio pertenece a las provincias según el artículo 124. El comprador extranjero queda sometido al ordenamiento territorial de la respectiva jurisdicción, leyes, convenios laborales argentinos y, eventualmente a la amenaza de expropiación por causa de utilidad pública del artículo 17.
Lo único que puede girarse al exterior son las utilidades del negocio; la forestación queda plantada, el personal vive en el pueblo vecino y los impuestos se pagan en la provincia. La decisión de mantener trabadas estas inversiones no responde a una discusión seria de soberanía, sino a un sesgo ideológico que se termina pagando en campos sin cultivar, infraestructura inexistente y puestos de trabajo que nunca se llegan a crear.
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