Debate sobre la tierra
El debate sobre la Ley de Tierras Rurales ha vuelto a instalarse en el centro de la escena política y productiva argentina. La normativa, que desde 2011 establece un límite de 1.000 hectáreas (o su equivalente según la región) para la titularidad extranjera, enfrenta hoy un nuevo proceso de revisión legislativa impulsado por el Poder Ejecutivo con el fin de “fortalecer la propiedad privada”.
Aunque el fantasma de la “extranjerización” suele dominar el imaginario colectivo, los datos del mercado inmobiliario rural sugieren una realidad mucho más local. Según explica Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, el 95% de las operaciones de compraventa son realizadas por argentinos, mientras que apenas un 5% queda en manos extranjeras, generalmente vinculadas previamente al país.
La clave de la reforma, más allá de la titularidad, parece residir en la atracción de lo que especialistas denominan “capital paciente”. Existen proyectos productivos de largo aliento —como la implantación de nogales, pistachos o el desarrollo forestal— que requieren inversiones de entre 15.000 y 25.000 dólares por hectárea y periodos de espera de hasta diez años para alcanzar la primera cosecha rentable. Para el productor individual, estos montos suelen ser inalcanzables, pero resultan manejables para fondos internacionales especializados.
Este tipo de desembolsos genera un círculo virtuoso: demanda mano de obra técnica, mejora la infraestructura y permite que el país deje de ser únicamente un exportador de granos para sumar valor agregado en origen. Lejos de actuar de forma aislada, estos inversores suelen asociarse con administradores y productores locales, combinando el músculo financiero internacional con el conocimiento técnico de nuestra tierra para agrandar la torta productiva nacional.
