Vicentín: Revocan prisiones preventivas, pero fijan fianzas
Rosario, Santa Fe. Tras cuatro días de intensa deliberación judicial culminó la audiencia en la Cámara de apelaciones, donde el juez Gustavo Salvador dictó una resolución que redefine el futuro de la causa Vicentín.
Al expedirse sobre las resoluciones de marzo de 2025, generó un impacto significativo en el complejo entramado judicial que rodea a la agroexportadora.
La audiencia de apelación se centró en la validación de las imputaciones y, crucialmente, en la continuidad de las prisiones preventivas de los directores. Las actas de las audiencias sirvieron como fuente principal para desentrañar los argumentos de las múltiples partes involucradas: imputados, fiscales, defensas y querellas.
Con el abordaje del doctor Jorge Ilharrescondo, la defensa desplegó una robusta estrategia, haciendo hincapié en las violaciones a garantías constitucionales. Uno de los puntos más álgidos fue la alegación de un quiebre del secreto fiscal, argumentando que se utilizó información protegida para construir la causa, exigiendo la anulación de esas pruebas. Asimismo, se invocó el principio de “non bis in idem”, sosteniendo que la acusación por asociación ilícita se solapaba con otra investigación previa de 2023, lo que implicó juzgar dos veces por el mismo hecho.
En cuanto a la imputación por administración fraudulenta, la defensa cuestionó la falta de pruebas sobre el perjuicio económico real para la empresa y, fundamentalmente, la ausencia de dolo, es decir, la intención clara de defraudar en operaciones específicas como transferencias de aviones, pagos de pólizas y honorarios de abogados.
El eje central de la defensa para los cuatro directores imputados bajo prisión preventiva fue la negación de la peligrosidad procesal. Se insistió en que no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, calificando la prisión como desproporcionada. Se ofrecieron cauciones y garantías económicas como alternativas, remarcando el cumplimiento previo de medidas más leves. Incluso, uno de los imputados, tomó la palabra para defender el gobierno corporativo y los controles internos de la empresa.
Por su parte, la Fiscalía y las querellas insistieron en sus alegatos que también fueron cuestionados. A lo cual, Ilharrescondo, acusó a los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja de violar garantías constitucionales por acceder sin orden judicial a la facturación de su estudio jurídico entre los años 2019 y 2024 para sustentar la prisión preventiva a la que fueron sometidos los directivos.
En tanto, el Colegio de Abogados de Rosario emitió un comunicado respaldando a los defensores y criticando cualquier práctica estatal que vulnere principios como el secreto profesional y la autonomía de la defensa. Advirtió que las actuaciones deben ajustarse estrictamente a la ley
Para sostener las prisiones preventivas, señalaron transferencias de bienes que habrían perjudicado a los acreedores y mencionaron dificultades para obtener información –entre acusaciones repetidas- como indicio de entorpecimiento.
La resolución del juez Salvador revocó la prisión al liberar a los directivos, pero impuso condiciones severas, sin precedentes en este tipo de casos. La libertad fue condicionada al pago de una caución real de un millón de dólares para cada uno.
El magistrado, en un fallo con múltiples matices, dio en parte la razón a la defensa al ordenar la “inaprovechabilidad” de ciertas pruebas. Esto significa que, aunque estas evidencias existan, no podrán ser utilizadas legalmente en el juicio al considerar que fueron obtenidas violando garantías constitucionales.
Curiosamente, y a pesar de la anulación de estas pruebas, el juez determinó que subsistía base suficiente para mantener las imputaciones. Las acusaciones contra los directivos de Vicentín, por lo tanto, siguen en pie.
Además de la fianza millonaria, se impusieron otras medidas restrictivas: prohibición de salir del país, obligación de fijar un domicilio concreto y presentarse a firmar en el juzgado semanalmente. Para otros imputados, las cauciones fueron ajustadas a montos de 100.000 y 150.000 dólares, y se amplió la prohibición de contacto, incluyendo ahora a los órganos del concurso preventivo de la empresa
La resolución en el caso Vicentín se presenta como un intento de equilibrio delicado. El juez reconoce fallos en la obtención de pruebas, lo que justifica la revocación de las prisiones preventivas. Sin embargo, la imposición de cauciones tan elevadas y otras medidas restrictivas subraya la intención de evitar riesgos procesales.
La decisión abre el debate sobre el punto de equilibrio o límite entre balancear la presunción de inocencia –pues se estableció que no había intento de fuga ni de entorpecer la investigación- contra las altas fianzas de los acusados para continuar el proceso.
