Difícil situación concursal para Vicentín

La intervención judicial de Vicentin S.A.I.C. tiene un informe con la firma de los interventores Guillermo Nudenberg y Andrés Shocron, que expone el tiempo y la liquidez como factores de sobrevida. La deuda post-concursal y estacionalidad que ofrece la demanda estacional por la cosecha de la soja son un espejismo que vende la autoridad concursal como “la” solución respecto de la inexplicable denegación homologatoria al amplio acuerdo de pago que logró la concursada.

I. Nuevo ciclo con déficit

Antes de que se retirara la intervención judicial en el año 2024 el juez Lorenzini fue notificado que la empresa podía sostenerse hasta marzo del 2024. La incertidumbre del año nuevo que imprimió la justicia santafesina empujó paros sindicales y la consiguiente pérdida de ingresos. Hasta entonces, la compañía estaba al día. La fiscalía penal rosarina adujo riesgo procesal encarcelando a la dirección de la empresa y, el juzgado interviniente resolvió desplazar al resto del directorio e intervenir a la compañía. Nudenberg y Shocron, iniciaron gestión con deudas posconcursales y, un nuevo ciclo de contratos de fazón.

La Planta Ricardone, suscribió acuerdos con Commodities S.A. y Amaggi S.A., y ampliando los existentes con Viterra Argentina S.A., Bunge Argentina S.A. y la UAA. La producción contratada alcanza a 630.000 toneladas, y cubre la operación hasta mediados de octubre.

La planta San Lorenzo inició tareas de mantenimiento para que la Línea 1 esté operativa desde el 2 de junio pasado. La Línea 2 hará lo propio el 16 de junio. Los nuevos contratos de fazón de soja proyectan una molienda de hasta 400.000 toneladas/mes. Estos acuerdos aseguran la actividad productiva hasta poco más allá de octubre. La puesta en marcha de San Lorenzo también implicó la gestión de contratos de gas y transporte, garantizados por las propias fazoneras. La Planta de Etanol y el Nodo Norte continúan sus actividades y ampliaron los contratos.

II. Inicio de la deuda post-concursal

Al 31 de mayo de 2025, la deuda estimada asciende a $ 39.657 millones (aproximadamente u$s 39.65 M), incluyendo deudas con Renova, obligaciones impositivas y previsionales, y provisión de sueldos. La administración se ha tornado crítica, teniendo en cuenta el pago de facturas esenciales y salarios al día, compensación de deuda de IVA, planes de pago de F931, y la reprogramación de deudas con obras sociales y prepagas. Se evalúa un plan de reestructuración de personal, algo que la familia sostuvo a rajatabla todo el período concursal. Se han renegociado o rescindido contratos de servicios profesionales. La oficina en Buenos Aires está en proceso de cierre y se ha reducido la central en Avellaneda, que tanto decía el juez Lorenzini tener preocupación y prioridad. También, la deuda exige fondos adicionales de aportes de accionistas, la venta de activos “non core”, el cobro de acreencias, y contribuciones marginales de los contratos de fazón.

III. El difícil punto de equilibrio El estado de resultados al 30 de abril de 2025 registró un resultado económico negativo de u$s 3.419.254.- Ricardone, San Lorenzo y Administración Central registraron pérdidas significativas.

IV. Quebrantos e impacto fiscal

Hay quebrantos acumulados de ganancias por $ 574.490.478.290.-, proyectados al 31 de octubre de 2025. De este monto, $ 458.369.955.742.-, originados en 2020, vencerán el 31 de octubre de 2025. Esto tiene una implicancia crítica: si las ganancias por venta de activos o las quitas de deuda concursal se materializan después del 31 de octubre de 2025, Vicentín perderá la capacidad de compensar ganancias con estos quebrantos. Esto implicaría un impuesto a las ganancias de alrededor de u$s 137.000.000.-, lo que reduciría drásticamente el valor recuperable para los acreedores y el de la empresa misma

V. El tiempo inexorable

El informe enfatiza que el factor tiempo es esencial para la viabilidad de Vicentín. Los contratos de fazón de soja finalizan en diciembre de 2025. Posteriormente, por cuestiones estacionales, no habrá molienda de soja hasta marzo de 2026.

Es “altamente improbable” –señalan- que Vicentín pueda mantenerse estable y cumplir con sus obligaciones sin el flujo de fondos de los fazones de soja, más allá de esta campaña. Los interventores advierten que si el proceso concursal no encuentra una definición a más tardar a fines de 2025, la situación podría ser terminal para la empresa.

El informe traza una hoja de ruta crítica para la supervivencia resaltando:

Acelerar la reestructuración y definición del concurso antes de fines de 2025.

Monetizar urgentemente activos “non core” y cobrar acreencias para generar fondos adicionales.

Implementar una gestión fiscal estratégica para materializar ganancias antes del 31 de octubre de 2025 y evitar un impuesto millonario.

Realizar una reestructuración profunda de la estructura de costos, ajustando áreas no productivas y personal.

Maximizar continuamente la capacidad operativa y buscar nuevos contratos. Esto, a pesar que dicen que la operatividad ya está completa.

Ahora, tras tres años de inexplicables atrasos el juzgado se percata del imperativo de celeridad, inteligencia financiera que no supo dar y pretende llevar a cabo una reestructuración profunda que va a recaer sobre los empleados, que tanto interés decía tener el juez.

Lo que no se ha dicho es que Vicentín, a pesar de sus dificultades concursales y cargas adicionales, obtuvo por entonces la aprobación de su propuesta de pago por una amplia mayoría de acreedores. Esta, incluía la toma de control de la compañía por parte de socios estratégicos como ACA, Bunge y Viterra, de experiencia y espalda económica.

Sin embargo, la decisión del juez Fabián Lorenzini frustró las expectativas de continuidad y estabilidad de la empresa, abriendo estragos en la región. Esta acción, al no respetar el espíritu de la Ley de preservación empresarial, perjudicó también a los acreedores agrandando la lesividad.

Merecen críticas la actuación de la Corte de Santa Fe por su parcialidad y el accionar del poder judicial penal por demonizar a la familia Vicentín en línea con los gremios, legisladores y un sector de la prensa por su influencia en la opinión pública. Lorenzini, quien nunca explicó qué fue esa violencia moral ejercida, tenía más razones para homologar que ofrecer este panorama. Solamente la Corte de Buenos Aires puede dar luz si abre el recurso de Queja, por la arbitrariedad manifiesta con que ha sido tratada la concursada.