Ley de semillas, con debate en Agricultura
En la Sala del segundo piso del edificio Anexo de la Cámara de Diputados tuvo lugar el inicio de la labor legislativa para tratar la mejora genética, los derechos y el comercio de las semillas junto al Ministerio de Agroindustria, la Sociedad Rural Argentina, CRA, ACREA, INTA, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), UBATEC, ACSOJA, Argentrigo, Don Mario, Bioceres y FADA. De esta manera, abrió el encuentro el presidente de la Comisión, el Diputado Gilberto Alegre quien abogó por arribar a un acuerdo antes de que termine el año y, con el fin de actualizar la vieja ley de semillas de 1973 en la que el Gobierno, industria y sectores del campo trabajan. El Congreso tiene nueve proyectos para modificar o cambiar la norma vigente ante la aparición de nuevas tecnologías y, considerandos de propiedad intelectual.
En soja y en trigo el 15 % del área se hace con semilla fiscalizada y el resto se divide entre el uso propio legal y el mercado ilegal.
Por Agricultura, asistió el jefe de Gabinete, Guillermo Bernaudo, quien defendió el proyecto del Ejecutivo, que limita el uso propio con la posibilidad de que el productor se guarde parte de la cosecha de soja y trigo para volver a usar como semilla en la siguiente campaña, pero que implementa un pago por ese uso propio por tres multiplicaciones tras la compra de la semilla. Indica que todo el reconocimiento a la propiedad intelectual se haga en la semilla. Explicó que, la norma oficial exceptúa del pago a la agricultura familiar y a quienes facturen menos de $ 1,8 M por año. Sin embargo, estimó que abarcará a un segmento importante de productores, ya que estará el 40 % de los productores responsables del 80 % del área.
Asistieron dirigentes de la Asociación de la Cadena de Soja (Acsoja), Argentrigo, y, de las entidades del campo, Daniel Pelegrina, por la Sociedad Rural Argentina (SRA), que propuso mantener el uso propio gratuito, pero limitado por cantidad de hectáreas. Roberto Campi, en cambio, y por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), rechazó limitar el uso propio.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) presentó su propuesta como “simple y de bajo costo” donde el productor hace un pago único, anual y por bolsa. Además plantea pagar por toda la mejora genética completa. Esa plata va a un fondo y los semilleros cobran de acuerdo a su participación en el mercado y a cuán nueva sea la semilla; por las semillas más nuevas se cobra más que por las más viejas.
De esto último deriva el segundo punto destacable, el “valor decreciente” que se le otorga a las tecnologías, se premia a las más nuevas, lo que también promueve la innovación.
Cita un “período de adecuación”, para otorgar un tiempo, tal como sucede con los derechos de propiedad farmacéuticos o los tratados de libre comercio, se plantea una aplicación gradual del pago. El cuarto ítem indica excepciones a productores de baja escala, y diferencia a un rango de productores que deberían pagar una porción del pago que se establezca.
En tanto, Alfredo Paseyro, gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), alertó sobre el bajo registro de uso de semilla fiscalizada en soja, que ronda el 15 %, a diferencia del 45 % de los años noventa.
Por su parte, Obdulio San Martín, de Don Mario, advirtió que “los programas de mejoramiento se han achicado, pero en la medida en que mejore el marco regulatorio se podrían duplicar”.
