El sector pesquero duplica
El sector pesquero de Buenos Aires duplicó la captura de caballa en la campaña 2017/18 como resultado de la asistencia financiera de $ 50 M que le otorgó en el último año un fondo fiduciario creado por la Nación y la Provincia para incrementar el capital de trabajo, mejorar la infraestructura e incorporar tecnología en ese sector.
El Fondo Fiduciario de Pesca fue creado en 2017 mediante un convenio entre la cartera de Agroindustria de la Nación y el Gobierno provincial para asistir principalmente a embarcaciones de tipo costeras y rada ría, que son las que tienen menores posibilidades de acceder a recursos financieros y comerciales.
Entre sus objetivos figuran, además, la reparación de buques y la financiación de un proyecto medioambiental para el tratamiento de efluentes industriales.
El organismo ya otorgó créditos por un total de $ 44 M a 35 empresas de la cadena de pesca, en tanto que $ 4,5 M fueron dirigidos a asistir a once firmas de Rada Ría.
En segundo lugar, trabajó sobre el costo financiero en la operatoria de descuento de cheques para asegurar la campaña de Caballa, con un aporte de $ 2 M.
La idea fue implementar un mecanismo para lograr una tasa de descuento que le otorgue rentabilidad al negocio.
La medida posibilitó que la última campaña de caballa se extendiera 15 días más respecto de la anterior y alcanzar las 3354 toneladas más de producción que duplican las obtenidas en el período anterior.
Esto permitió la elaboración de más de 5 millones de latas de esa especie por un valor de $ 100.620.000 M.
Además, está en construcción un biodigestor que forma parte de un proyecto medioambiental en el puerto de Mar del Plata para el tratamiento de efluentes industriales de las plantas de harina y aceite de pescado, con una inversión de más de $ 10 M.
La asistencia financiera permitió, además, cubrir parte de los costos de 649 trajes que mejoran la seguridad en 80 buques, a través de una Línea de Aportes No Reintegrables (ANR).
Esto se debe a la entrada en vigencia de la normativa, impulsada por la Dirección de Policía Nacional de Seguridad de la Navegación de la Prefectura Naval Argentina, que dispone la obligatoriedad de contar en los buques con trajes de inmersión.
